La Consejería de Presidencia y Administración Pública se encuentra trabajando en una "solución inminente" al traslado de los trabajadores de la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública.
En rueda de prensa, la consejera Marta Fernández de Castro ha explicado que antes del verano ya se habían planteado distintas alternativas para abordar esta situación. Sin embargo, ha señalado que varias de estas actuaciones no pudieron ejecutarse debido a "causas de fuerza mayor" relacionadas con la baja de la consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohamed, al tratarse de una cuestión que requería la intervención de ambas áreas.
Fernández de Castro ha hecho referencia a las diferentes reuniones celebradas entre diferentes áreas del Gobierno local con el objetivo de estudiar la posibilidad de habilitar algunas oficinas de titularidad de la Ciudad Autónoma para acoger a los trabajadores.
"Nosotros hablamos con los empleados públicos, con la Dirección General y con la Consejería. Llegamos a un acuerdo de las situaciones en las que íbamos a trabajar a través del Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales, pero no pudimos ejecutarlas sobre la marcha, porque no dependían del área de Función Pública, sino también de la Consejería pertinente".
No obstante, la consejera ha anunciado que se ha retomado el contacto con los sindicatos, reactivándose así los trabajos para buscar una solución a una problemática que, según ha reconocido Fernández de Castro, se arrastra desde hace años.
En cuanto a las alternativas que se manejan para el traslado, la consejera ha explicado que existen dos posibilidades principales: Bien trasladar a toda la Consejería de Políticas Sociales a un nuevo local o bien habilitar diferentes espacios de titularidad de la Ciudad Autónoma para poder reubicar al personal.
"Vamos a retomarlo, porque efectivamente era un asunto que teníamos que hacer de forma inminente".
Trabajadores
Los trabajadores de la Consejería continúan reclamando su traslado a un nuevo inmueble ante las deficientes condiciones que presenta el edificio de la calle Carlos Ramírez de Arellano. Los cuatro sindicatos de la Administración local han respaldado las movilizaciones para denunciar una situación que, según señalan, se prolonga desde hace años y que afecta tanto a la plantilla como a los ciudadanos que acuden a estas instalaciones.
Entre las deficiencias denunciadas se encuentran incumplimientos de la normativa contra incendios, humedades, filtraciones, malos olores, problemas en la instalación eléctrica, presencia de moho y óxido en las vigas, además de falta de espacio y condiciones de hacinamiento. Los representantes sindicales recuerdan que estos problemas ya aparecían recogidos en informes de Prevención de Riesgos Laborales y que uno de ellos, elaborado en 2022, recomendaba la clausura del inmueble.
El sindicato considera insuficientes las medidas adoptadas hasta el momento, entre ellas la instalación de un botiquín, la colocación de señalización ante posibles incendios y la realización de un curso de dos horas de Prevención de Riesgos Laborales, al entender que no solucionan las deficiencias estructurales y de seguridad del edificio.
Ante esta situación, los sindicatos reclaman a la Ciudad Autónoma que cumpla el compromiso anunciado y proceda al traslado del personal sin más demora. Asimismo, advierten de que, si no se producen avances concretos, trabajadores y organizaciones sindicales retomarán las movilizaciones durante el mes de septiembre.
