El Ministerio de Sanidad adjudicó el 93% de sus compras en Ceuta y Melilla sin concurrencia pública entre 2022 y 2023, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). Así lo desvela un informe del Tribunal de Cuentas, citado por The Objective, que advierte de graves carencias en la planificación, ejecución y transparencia de la contratación pública en estas dos ciudades autónomas.
Durante ese periodo, se tramitaron 1.424 expedientes de contratación. De ellos, tan solo 94 se hicieron mediante licitación abierta, restringida o simplificada, lo que representa un escaso 6,6% del total. El resto, 1.330 contratos (el 93,4%), se adjudicaron a dedo: 826 por procedimiento de emergencia y 504 como contratos menores.
Los datos son aún más llamativos si se observa la evolución por años. En 2023, el Ingesa tramitó 615 expedientes de contratación, de los cuales solo 17 se adjudicaron mediante procedimiento abierto o simplificado. Esto significa que el 97,2% de los contratos se otorgaron sin proceso competitivo: 400 por emergencia y 198 como contratos menores.
En 2022, el porcentaje fue algo menor, pero igualmente elevado: se tramitaron 809 expedientes, con 77 contratos abiertos o simplificados, y 732 adjudicaciones a dedo, de las cuales 426 fueron por emergencia y 306 como contratos menores.
Estas cifras reflejan un uso sistemático de fórmulas excepcionales, que el Tribunal considera “carentes de justificación suficiente” y alejadas de los principios de eficiencia, transparencia e igualdad que deben regir la contratación pública.
El informe denuncia que no existe una planificación anual de compras, lo que genera improvisación, repetición de contrataciones con los mismos proveedores y fragmentación innecesaria de contratos. También se señala que muchos expedientes no contaban con los informes obligatorios de necesidad o idoneidad del contrato, lo que agrava la falta de control sobre el gasto público.
En cuanto a los contratos de emergencia, el Tribunal advierte que se siguen utilizando de forma generalizada incluso después del fin de la pandemia, sin justificación clara. Esta práctica no solo impide la libre concurrencia entre empresas, sino que también encarece el coste final para la Administración.
La falta de planificación en las compras sanitarias se suma a un problema estructural ya conocido en Melilla: el deterioro del Hospital Comarcal, que no ha experimentado mejoras significativas desde 2018, según otro apartado del informe del Tribunal de Cuentas recogido por El Faro de Melilla.
El centro arrastra deficiencias crónicas en infraestructuras, equipamiento y personal. Las inversiones anunciadas por el Gobierno central no se han materializado y la gestión del Ingesa sigue sin abordar los problemas de fondo. El resultado es una atención sanitaria cada vez más precaria, con recursos obsoletos y profesionales saturados.
Hasta ahora, ni el Ministerio de Sanidad ni el Ingesa han ofrecido explicaciones sobre las prácticas señaladas por el Tribunal. Tampoco se conocen medidas concretas para revertir la situación ni un calendario de inversiones que garantice la mejora de los servicios sanitarios en Ceuta y Melilla.
El Tribunal de Cuentas recomienda adoptar una estrategia de contratación pública estable, reforzar los controles internos y evitar la fragmentación de contratos. Asimismo, insta a recuperar los procedimientos ordinarios de adjudicación y a garantizar que el Ingesa funcione bajo los mismos estándares que el resto del Sistema Nacional de Salud.
Esta situación no es nueva. La ciudad lleva años reclamando una renovación integral del Hospital Comarcal, pero los hechos muestran una realidad distinta: una administración que no planifica ni ejecuta mejoras, mientras recurre a fórmulas de adjudicación que esquivan la competencia y la transparencia.
