Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han solicitado que la reforma del sistema de financiación autonómica sea incluida en el orden del día de la próxima Conferencia de Presidentes, convocada para el 6 de junio en Barcelona. Esta petición se produce en respuesta a la propuesta del Gobierno central de condonar 83.000 millones de euros en deuda autonómica, medida que los ejecutivos 'populares' rechazan por considerarla insuficiente para resolver los problemas estructurales de financiación.
Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja y Murcia han reiterado su negativa a adherirse al plan de condonación aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el pasado febrero. Estas regiones insisten en que lo prioritario es debatir un nuevo sistema de financiación en un foro multilateral, y no aceptar una propuesta que califican de ineficaz y desequilibrada.
La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha calificado la medida como un simple “plato de lentejas”, mientras que el Gobierno de Aragón la tilda de “trampa” y “mutualización de deuda para beneficiar a Cataluña”. La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha descrito la convocatoria de junio como “humo”, en referencia a la falta de contenido sustancial para abordar los retos reales de las comunidades.
Estas posturas tienen precedentes. En febrero, los consejeros económicos de los gobiernos del PP abandonaron el CPFF en señal de protesta, un gesto que demuestra la falta de consenso con el Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia financiera. La Conferencia de Presidentes que ahora se anuncia da continuidad al compromiso adoptado en la cumbre anterior, celebrada en Santander, pero las expectativas son, por parte de estos territorios, muy limitadas.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha convocado al Comité Preparatorio para el 28 de mayo con el fin de cerrar el orden del día, centrado, según el Gobierno, en temas como vivienda, Formación Profesional y Universidad. Sin embargo, las comunidades del PP reclaman una discusión a fondo sobre financiación y rechazan que se ignore este punto en el encuentro.
Desde Melilla, el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda, ha mostrado su escepticismo respecto a la utilidad de la próxima Conferencia de Presidentes. "Este año vamos a pagar anticipadamente entre 18 y 19 millones de euros. Con ese dinero podríamos construir 100 viviendas sociales. Pero no nos dejan. No solo no se nos condona nada, sino que se nos impide invertir en nuestras propias necesidades", ha declarado Imbroda, criticando que el Gobierno central obliga a la Ciudad Autónoma a destinar su superávit al pago anticipado de deuda en lugar de permitir inversiones locales prioritarias.
Además, Imbroda ha señalado que Melilla asume competencias que deberían ser del Estado, como sanidad o educación, por las que la ciudad soporta unos 30 millones de euros anuales sin recibir la financiación correspondiente. "Con el modelo actual, estamos asumiendo competencias que deberían ser del Estado, como sanidad o educación, por las que Melilla está soportando unos 30 millones de euros anuales sin recibir la financiación correspondiente", ha afirmado.
Por el contrario, comunidades como Cataluña, Castilla-La Mancha y Asturias, todas bajo gobiernos socialistas, han mostrado su apoyo a la quita de deuda. Cataluña, incluso, ya ha refinanciado hasta 3.500 millones de euros, lo que reducirá su pasivo público en cerca de 17.000 millones.
Frente a este escenario, la Conferencia de Presidentes del 6 de junio se presenta como un nuevo campo de batalla política entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos del PP. Las tensiones sobre el sistema de financiación, lejos de resolverse, vuelven a ocupar el centro del debate territorial en España.
