La Ciudad Autónoma de Melilla ha criticado al Gobierno central por su gestión en la acogida de migrantes solicitantes de asilo, acusándolo de “imprevisión” tras dejar durante dos semanas a once personas en situación de calle, viviendo en tiendas de campaña junto al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, expresó su descontento con la actuación del Ejecutivo, señalando que la falta de respuesta por parte de la Administración central llevó a que los migrantes dependieran de la ayuda de terceros y de la propia Ciudad Autónoma. “Está muy bien que finalmente hayan sido trasladados a Málaga, pero eso se tenía que haber previsto”, afirmó.
El grupo de migrantes, procedente de Malí, Venezuela y Colombia, quedó varado en Melilla sin acceso al CETI, ya que su solicitud de asilo no les garantizaba el ingreso inmediato al centro. Durante ese tiempo, resistieron en condiciones precarias, hasta que el Gobierno tomó la decisión de trasladarlos a la península, donde fueron acogidos en Málaga.
Críticas a la gestión
El presidente Imbroda calificó la situación como “inadmisible” y reclamó que el Gobierno debería haber actuado con más rapidez y previsión. En sus declaraciones, destacó que los migrantes fueron ayudados por la sociedad civil y que la Ciudad Autónoma tuvo que intervenir en un momento crítico.
“Lo han pasado mal y han podido salir adelante gracias a la ayuda de terceros e incluso del propio Gobierno local”, dijo Imbroda. Como ejemplo, mencionó que la Ciudad Autónoma ofreció una noche de alojamiento en una pensión para resguardarlos de las lluvias que anegaron el campamento improvisado donde permanecían.
El presidente melillense lamentó la actitud del Gobierno central y criticó que las soluciones se tomaran con retraso. “Ahora los mandan a Málaga. Bueno, pues ya saben lo que tienen que hacer: los próximos que lleguen, si es que llegan, se mandan a Málaga al siguiente día de estar aquí. Y si no, se meten en el CETI como han estado tirados”, afirmó.
Traslado “excepcional”
Por su parte, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, justificó la actuación del Ejecutivo, explicando que el traslado a Málaga fue una “respuesta excepcional” para resolver una situación que no tenía una solución sencilla.
Moh recordó que el acceso al CETI está sujeto a criterios específicos y que, en este caso, los migrantes no cumplían inicialmente con los requisitos para su ingreso. “Para acceder al CETI, necesitaban ser solicitantes de asilo”, explicó, agregando que la acogida de migrantes llegados desde la península no es una práctica habitual.
En este sentido, la delegada señaló que el Gobierno ha actuado “con transparencia” en la gestión del caso, aunque reconoció que la situación fue difícil de resolver. “Cuando nos encontremos con alguna situación de estas características, ya sabemos que no podrán entrar al CETI”, añadió.
La situación de los solicitantes de asilo en Melilla ha sido objeto de polémica en varias ocasiones. La limitación de plazas en el CETI y los requisitos de acceso han generado controversia, especialmente en casos como éste, en los que grupos de migrantes quedan temporalmente desprotegidos.
Organizaciones humanitarias han advertido en repetidas ocasiones sobre la necesidad de mejorar los protocolos de acogida en Melilla, dada su condición de frontera sur de Europa y su papel clave en la gestión migratoria española.
El traslado de los once solicitantes de asilo a Málaga pone fin a su precariedad en la ciudad autónoma, pero no cierra el debate sobre la capacidad de respuesta del Gobierno ante situaciones similares.
Mientras tanto, desde la Ciudad Autónoma insisten en que la actuación gubernamental ha sido insuficiente y exigen medidas preventivas para evitar que nuevos solicitantes de asilo se encuentren en la misma situación en el futuro.
El cruce de declaraciones entre la Ciudad Autónoma de Melilla y el Gobierno central deja en evidencia la persistente problemática de la gestión migratoria en la ciudad. Aunque la crisis de los once solicitantes de asilo ha sido resuelta con su traslado a Málaga, el asunto de la capacidad de acogida y la previsión gubernamental sigue abierto.
Melilla reclama un protocolo más ágil para estos casos, mientras que el Ejecutivo defiende que ha actuado de manera excepcional en un contexto complejo. Lo cierto es que la ciudad autónoma sigue siendo un punto crítico en la política migratoria de España, y su gestión continuará siendo objeto de análisis y debate en los próximos meses.
