La repatriación de migrantes en situación irregular en España ha registrado un descenso progresivo desde 2019, según datos oficiales obtenidos a través del Portal de Transparencia. La información facilitada por la Dirección General de la Policía indica que el número de expulsiones y devoluciones ejecutadas mediante operativos policiales ha disminuido notablemente en los últimos años. Mientras que en 2019 se realizaron 3.287 repatriaciones, en los primeros nueve meses de 2024 la cifra apenas alcanza las 894.
Este descenso en las repatriaciones refleja un cambio en la dinámica de las políticas migratorias y operativos policiales en España, en un contexto marcado por el incremento de los flujos migratorios, las dificultades logísticas para ejecutar expulsiones y la colaboración con los países de origen, un factor clave para que estos procesos puedan llevarse a cabo.
Desde 2016, los datos muestran que hubo un aumento en las repatriaciones hasta 2018, cuando se alcanzó la cifra más alta del período reciente con 3.512 expulsiones. Sin embargo, a partir de 2019 comenzó una tendencia a la baja que se acentuó con la pandemia de COVID-19 en 2020, cuando las restricciones de movilidad internacional dificultaron los procesos de repatriación. A pesar de una leve recuperación en 2021 y 2022, las cifras han seguido reduciéndose hasta situarse en los niveles más bajos en 2024.
Uno de los principales factores que explican esta caída es la dificultad para obtener la documentación necesaria para la expulsión de los migrantes. La colaboración con las embajadas y consulados de los países de origen resulta esencial para identificar a los ciudadanos y permitir su retorno. Sin embargo, la negativa o falta de cooperación de algunos gobiernos ha entorpecido el proceso, haciendo que muchas expulsiones no puedan ejecutarse. La Dirección General de la Policía advierte que la divulgación de información detallada sobre las nacionalidades de las personas repatriadas podría perjudicar las relaciones diplomáticas y comprometer la colaboración en materia de inmigración, lo que dificultaría aún más la ejecución de expulsiones en el futuro.
Además, los procedimientos administrativos y los requerimientos legales juegan un papel clave en la reducción de las repatriaciones. La legislación española y las normativas europeas exigen que las expulsiones se realicen bajo estrictos criterios de respeto a los derechos humanos, evitando expulsiones colectivas y garantizando un procedimiento justo para cada persona afectada. Estas garantías legales pueden ralentizar los procesos y, en algunos casos, impedir que la repatriación se lleve a cabo.
La disminución en las repatriaciones ha suscitado un intenso debate en el ámbito político. Desde la oposición, la senadora del Partido Popular (PP), Sofía Acedo, ha criticado duramente la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien acusa de “dar carta de naturaleza a la inmigración irregular”. Acedo ha denunciado que el Gobierno está permitiendo un incremento de la presión migratoria sin reforzar los mecanismos de control ni garantizar la ejecución de las expulsiones necesarias para hacer cumplir la normativa de extranjería. Según la senadora, la caída en las repatriaciones refleja una falta de voluntad política para abordar el problema de la inmigración irregular de manera efectiva.
En respuesta a estas críticas, desde el Ejecutivo se ha defendido la política migratoria actual, argumentando que la reducción en las expulsiones no implica una menor eficacia en la gestión de la inmigración, sino un enfoque más humanitario y alineado con los principios de la Unión Europea. Según el Ministerio del Interior, el Gobierno ha priorizado la regularización de personas con arraigo en España y el refuerzo de las medidas contra las redes de tráfico de personas, en lugar de apostar por una política basada en repatriaciones masivas.
Las cifras actuales apuntan a que 2024 podría cerrar con el número de repatriaciones más bajo de la última década, si la tendencia observada hasta septiembre se mantiene en los próximos meses. Sin embargo, la evolución de esta política dependerá de múltiples factores, entre ellos la relación de España con los países de origen, las decisiones judiciales sobre extranjería y la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde se alojan temporalmente los migrantes en proceso de expulsión.
El contexto europeo en materia migratoria también será determinante en el futuro de las repatriaciones. España, como frontera sur de la Unión Europea, sigue siendo un punto de entrada clave para miles de personas migrantes que buscan llegar al continente a través del Mediterráneo y el Atlántico. Las decisiones que se tomen a nivel europeo sobre acuerdos de repatriación, cooperación con terceros países y políticas de asilo podrían influir directamente en la evolución de estas cifras en los próximos años.
Por el momento, los datos reflejan una tendencia sostenida a la baja en las repatriaciones desde 2019, lo que genera preocupación en algunos sectores políticos y sociales que abogan por un mayor control de la inmigración irregular. La gestión migratoria sigue siendo un tema central en el debate público en España y Europa, con posturas enfrentadas sobre la mejor estrategia para abordar el fenómeno de la inmigración en un contexto de crecientes desafíos humanitarios, económicos y políticos.
