El abogado de la Fampa, Raúl Carballedo, pidió, en una entrevista en PlayMel el pasado día 21 de noviembre, que se traslade a los niños del CEIP Real Infantil a otros centros escolares inmediatamente, dado que “existe un riesgo evidente para su salud e integridad” debido a la presencia de amianto.
En el programa, el abogado ‘Encerrados’, el abogado explicó que la normativa vigente, la ley 7/2022, que entró en vigor en abril, contiene una disposición transitoria, la número 14, que da un plazo de un mes a ayuntamientos y organismos propietarios de inmuebles públicos para que realicen un censo para establecer, según los riesgos, un calendario para la retirada de amianto de las instalaciones que lo tengan.
En ese censo, que contiene 17 inmuebles, el abogado afirma que “el único que no tiene información en cuanto a riesgo existente es el CEIP Real”.
En este sentido, Carballedo ha indicado que no todos los inmuebles tienen el mismo riesgo, en función de si están vacíos u ocupados o de su antigüedad. En el caso que nos ocupa, el edificio, afirma, sobrepasa la antigüedad para la vida útil de este tipo de material, que ronda entre los 30 y los 50 años.
Por todo ello, y más con los acontecimientos que se han producido últimamente, cree que “los padres tienen un estado de inquietud más que justificado”, y más teniendo en cuenta que esos niños de entre tres y seis años “pueden desarrollar una enfermedad dentro de unos años porque no se ha hecho el trabajo correctamente”.
Según cuenta, hay estudios académicos que demuestran la mayor peligrosidad de las fibras de amianto en los menores por su configuración fisiológica o su altura
Carballedo reparte responsabilidades entre la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (MEFPyD) y la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, que también tiene competencias sobre el mantenimiento de los centros escolares y que fue, de hecho, la que realizó las últimas intervenciones.
En caso de que la demanda que el AMPA del colegio puso contra la Dirección Provincial y la Consejería se admita a trámite y se abra un proceso de investigación, el abogado advierte de que, si son culpables, sus dirigentes pueden enfrentarse a penas de hasta 15 años de inhabilitación, si se toma como prevaricación administrativa, o dos años de cárcel si se toma como infracción de las normas de seguridad en el mantenimiento de inmuebles que pueda generar riesgo para la salud de las personas.
