La defensa de Ali Aarras espera que la próxima vista sirva para rebatir las pruebas que el Ministerio Fiscal marroquí sigue sin desvelar invocando la “seguridad nacional”. Ayer se reanudó en la ciudad de Salé, colindante con Rabat, el juicio contra el melillense Ali Aarras, de nacionalidad belga y extraditado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en diciembre pasado, a pesar de haber sido investigado por presuntos delitos de terrorismo por el juez Baltasar Garzón y finalmente puesto en libertad por falta de pruebas en su contra.
Al juicio, en el que Ali Aarras se mostró más repuesto que cuando la primera vista inicial de junio pasado, acudió su mujer y una treintena de miembros de organizaciones en defensa de derechos humanos, entre los que se incluía también miembros del grupo de Melilla constituido en Plataforma Pro Ali Aarras.
La vista que se inició ayer reiteró, según fuentes asistentes al juicio y próximas a la defensa de Aarras, los argumentos conocidos del Fiscal marroquí, por los que se imputa al melillense un delito de tráfico de armas al servicio de una estructura de fines terroristas.
Según las mismas fuentes, el Ministerio Fiscal que mantiene la acusación contra Aarras sigue basándose en el sumario fruto de la investigación dirigida por el juez español Baltasar Garzón y que concluyó en 2009 con un auto de absolución respecto del melillense.
La próxima vista será el 27 de este mismo mes, nuevamente en la ciudad de Salé. Se espera que el Fiscal aporte pruebas que hasta ahora ha ido reteniendo alegando que constituyen asuntos que pueden poner en riesgo 'la seguridad nacional'. Por su parte, la defensa de Aarras, ejercida por tres abogados marroquíes y desde ayer también por el abogado francés Nicolás Cohen, rebatirá las pruebas que pueda exponer la acusación.
Para la defensa de Aarras, que cuenta a modo de asesoramiento con media docena de abogados franceses y belgas, así como con el melillense Nayim Mohamed, defensor de Ali Aarras ante la justicia española, Marruecos está infringiendo el principio de especialidad al juzgarle por un delito que nada tiene que ver con el motivo de la extradición. También sostiene que se vulnera el principio que impide juzgar dos veces a una persona por un mismo hecho.
La defensa de Ali Aarras continúa culpando de lo ocurrido al Gobierno español, del que dice que ha tenido tanto razones morales como jurídicas para no extraditarlo, entre otras una resolución de la ONU, de obligado cumplimiento, que instaba al Ejecutivo a paralizar el proceso.
Ali Aarras fue trasladado a Marruecos en diciembre pasado por decisión del Consejo de Ministros del Gobierno Zapatero y sometido a torturas que minaron notablemente su salud y que han sido denunciadas ante la ONU.
