Cuando en una ciudad como Melilla, con núcleos de población muy necesitada, se registra un 30% de devolución de becas del Ministerio de Educación es evidente que algo se está haciendo mal o muy mal. Quizás sea, como dice el consejero de Educación, Antonio Miranda, que se pone al solicitante en una situación imposible. Se le obliga a realizar los trámites a través de Internet, sin alternativas, cuando a veces no dispone ni de un ordenador. Tal vez la causa sea que el periodo de vacaciones no es el más adecuado para establecer el plazo de presentación de solicitudes. Puede que los centros de enseñanza, o la propia Consejería de Educación, debieran haber puesto un servicio de atención a alumnos que necesitan esas ayudas y que se encuentran con dificultades para solicitarlas. Son muchas hipótesis y una sola evidencia: alguien no ha hecho su trabajo si una de cada tres becas ofertadas en Melilla vuelve por donde ha venido y acaba en Madrid.
También parece evidente que algo no se está haciendo bien cuando el presidente de la asociación Guelaya manifiesta que este año no pondrán en marcha su plan de ‘Empleo Verde’ para la generación de puestos de trabajo sostenibles porque no pueden realizar todos los trámites burocráticos necesarios para cerrar la colaboración con el Servicio Público de Empleo. Y eso ocurre en una ciudad como Melilla, que suma 11.000 desempleados.
Son dos situaciones con la mayoría de perjudicados entre los sectores más desfavorecidos de la sociedad y en las que el papeleo y la ineptitud de los gestores hacen imposible las soluciones sencillas a problemas muy graves.
