Hubo un tiempo en este país en el que la liquidez de las Administraciones locales era un constante torrente de dinero que entraba y salía de las arcas sin casi tiempo de pasar por contabilidad. En aquellos años anteriores a 2008 los ayuntamientos y las comunidades autónomas se hicieron cargo de sufragar multitud de servicios que no eran de su competencia directa. Así, por ejemplo, se incrementaron las plantillas de las Policías Locales para tratar de llegar allí donde no conseguían hacerlo la Guardia Civil y Policía Nacional, unos Cuerpos de Seguridad siempre con el personal justo y los medios al límite. De las arcas municipales salieron fondos para reformas, arreglos o construcción de centros escolares. Se asumieron gastos en asuntos sociales sin las correspondientes asignaciones presupuestarias del Estado. Hubo incrementos de plantilla desproporcionados e inasumibles para las entidades locales con y sin crisis.
Hoy, después de tres años de bache económico, sin esos continuos ingresos de aquellos tiempos de vacas gordas, es necesario reasignar competencias de una manera urgente y dotar de presupuesto a la administración que le corresponda su gestión. Sin saber quién es el que paga resulta imposible fijar un plan de ahorro coherente, equilibrado y justo. De otra manera habrá servicios y prestaciones que queden en papel mojado, como la famosa Ley de Dependencia, que nació sin asignación suficiente y ahí anda, mendigando de administración en administración un presupuesto que le permita sobrevivir.
La otra alternativa es recuperar el nivel de ingresos. Pero con un sector de la construcción desaparecido de la escena económica la alternativa inmediata es subir los impuestos directos, una medicina que acabaría por rematar al enfermo.
