La Consejería de Bienestar Social no puede ser el lugar en el que por el simple hecho de pedir uno tenga derecho a recibir. Ni puede administrarse como un cortijo donde el amo decide quién recibe y quién se queda si nada. Ése, de manera muy esquematizada, es el fondo del asunto que enfrenta a la consejera María Antonia Garbín con Khadija, la mujer desalojada de su vivienda por no poder pagar el alquiler. El caso parece que terminará en los tribunales, así al menos lo anunció José Palazón, máximo dirigente de la ONG Prodein y por cuya boca habla esta mujer a la que el viernes le fue retirada la custodia de dos de sus hijos. Tal vez sea llegar muy lejos preparar una demanda por vía penal, un contencionso administrativo y una querella contra Bienestar Social, pero quizás ahora sea la única solución. Puede que sólo un juez pueda determinar si Khadija, marroquí y con permiso de residencia, tiene derecho a más ayudas de las que ya ha recibido. Únicamente cuando el caso se analice en el juzgado será posible determinar si la consejera ha actuado con diligencia, dentro de los límites de su cargo y de manera equilibrada.
Entre tanto, toca esperar porque el asusto ha llegado a un punto en el que ninguna de las partes está dispuesta a dar marcha atrás a pesar de que bajo la polémica o como telón de fondo, halla varios niños, los hijos de Khadija, que son los principales perjudicados.
Lástima que la Justicia en este país no sea tan rápida como el sabio rey Salomón, que en una mañana solucionaba asuntos más cumplicados que éste haciendo uso sólamente de su sentido común, algo que se hecha en falta en este caso.
