La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha manifestado su preocupación debido al futuro Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, pues considera que no da las respuestas adecuadas para algunas cuestiones claves, como el reparto de responsabilidades en materia de asilo o la garantía de un sistema de solidaridad obligatorio.
La ONG considera que el futuro Pacto consolida aún más el enfoque de control de fronteras con el objetivo de alejar a las personas de las fronteras europeas y deja a los países de entrada como España en una posición "delicada".
CEAR también ha mostrado su preocupación por los resultados arrojados por el último acuerdo del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, que se ha celebrado los días 8 y 9 de junio, en un encuentro en el que se trataron las propuestas del Reglamento sobre la Gestión del Asilo y la Migración (RAMM) y del Reglamento sobre Procedimientos Modificado (APR).
"Dichas propuestas constituyen las bases de la reforma del sistema de migración y asilo europeo que se orientan al futuro Pacto".
La ONG asegura que entre las cuestiones más preocupantes que muestra el acuerdo es el sistema de 'solidaridad a la carta', el cual permite la elección de acoger personas refugiadas que estén reubicadas desde países con mayor presión de llegadas o bien financiar acciones en materia de control migratorio y fronterizo. CEAR considera estas medidas 'inaceptables'.
Asimismo, CEAR afirma que el acuerdo penaliza a los países cuando se produzcan movimientos secundarios incrementando el plazo de responsabilidad sobre la persona a tres años (actualmente es uno); también denuncia que mantiene por defecto la obligación de examinar las solicitudes de protección internacional en el primer país de entrada y no contempla la existencia de otros vínculos familiares para la movilidad de las personas a otros Estados, vulnerando de este modo el derecho a vivir en familia.
Por otro lado, la ONG denuncia que se fija un objetivo de carácter obligatorio de tramitar 30.000 solicitudes de asilo mediante procedimiento fronterizo, aunque la persona se encuentre en el territorio. De acuerdo con CEAR, esto pone en riesgo la valoración individualizada que se presupone cuando la solicitud de asilo se estudia en territorio, además de una rebaja de las garantías procedimentales poniendo en riesgo la asistencia jurídica y el derecho de la persona a ser debidamente informada.
“El acuerdo adoptado va en contra del principio de responsabilidad compartida e incrementa la presión sobre los países fronterizos como España, por ello no entendemos las razones que han llevado al ministro de Interior a calificarlo de éxito rotundo, teniendo en cuenta la situación de nuestro país”, apunta la directora General de CEAR, Estrella Galán.
También se consolida en concepto de 'tercer país seguro', dejando a cada Estado miembro la opción de considerar país seguro a cada Estado.
Pacto con derechos
CEAR considera que la posición del Consejo fundamenta su enfoque de forma excesiva en que la mayoría de las personas no tienen necesidades de protección, además de no proporcionar soluciones efectivas a las deficiencias del sistema de migración y asilo.
“Todo esto supone una peligrosa deriva en los derechos de las personas solicitantes de asilo. No podemos aceptar cualquier Pacto y menos que se desproteja aún más a las personas. Este acuerdo tampoco atiende una de las principales necesidades, como es habilitar más vías legales y seguras, sino todo lo contrario. Se imponen más obstáculos, expulsando a las personas a países no seguros”, denuncia Galán.
Por último, CEAR recuerda que España debe jugar un papel clave durante su presidencia del Consejo de la Unión Europea, ahora que se abre un periodo de negociación entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo; para un acuerdo definitivo. Además, la ONG considera que España debe liderar un cambio en políticas migratorias.
"Este acuerdo debe poner a las personas y sus derechos en el centro y no repitiendo las políticas de blindaje de fronteras que han sido un fracaso desde los años 90”.
