La eurodiputada de Ciudadanos, vicepresidenta de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo y miembro de la Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea, Maite Pagazaurtundua, ha solicitado al presidente de dicho comité, Raphaël Glukcsmann, que incorpore a la agenda de trabajos de manera urgente el caso de la compra de votos en Melilla y la relación de Marruecos en los hechos.
La iniciativa se suma a las que ha tomado el partido en el Congreso y ante la Comisión Europea para que se investigue este asunto y la posible intervención de Rabat. Según indica Pagaza en su escrito a Glukcsmann, es urgente prever un 'hearing' o intercambio de puntos de vista al respecto de lo sucedido porque existen "indicios de injerencia de un tercer país que no oculta sus intereses territoriales sobre la ciudad autónoma de Melilla". "Es el ejemplo más reciente y terrible de las operaciones que estamos intentado desvelar los últimos dos años", le apunta.
En concreto, destaca que se ha detenido a nueve personas entre los que se encuentra el actual consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana del Gobierno de Melilla, Mohamed Ahmed Al-lal, número 3 de CpM, y el yerno del líder del partido, Mustafa Aberchán.
Le informa además de que el Juzgado número 2 de la ciudad autónoma abrió diligencias previas tras detectarse un número desproporcionado de solicitudes de voto por correo y hacerse públicos numerosos indicios de posible compra de sufragios.
Asimismo, subraya que los servicios de Inteligencia de España investigan reuniones de personas afines al líder de Coalición, Mustafa Aberchán, con agentes del entorno del Gobierno de Marruecos en las semanas previas al presunto fraude del voto por correo en la ciudad autónoma. Los encuentros que dispararon las alarmas se produjeron, precisa, en el país alauí para lo que los partidarios de Aberchán habrían tenido que desplazarse hasta Rabat en más de una ocasión, según revela el diario 'El Mundo'.
Pagaza apunta que la Policía Nacional ha cifrado en 2 millones de euros el coste de la trama de compra de votos por correo fraudulenta que se ha llevado a cabo en Melilla, según las informaciones de 'El Debate'. Las últimas averiguaciones de los investigadores giran en torno a la manera en la que se ha financiado el intercambio de papeletas por dinero. La primera conclusión a la que han llegado los agentes ha sido que la operación para falsear el voto por correo se ha llevado a cabo mediante el uso de «altos flujos de efectivo» ya que, en cualquier investigación, los pagos mediante transferencias bancarias dejan rastro.
Seguidamente, prosigue el medio, han concluido que este dinero "proviene de Marruecos", debido a que han detectado que los intermediarios imputados en la trama obtenían su financiación mediante el 'método Hawala', un sistema de pagos clandestinos de origen árabe que se usa en operaciones de lavado de dinero, tráfico de drogas o financiación de grupos terroristas.
"Todo esto debe ser investigado en profundidad y aclarado, especialmente cuando conocemos que no es la primera vez que ocurre en Melilla pues el Tribunal Supremo confirmó en 2020 la condena de 2 años de cárcel a Aberchán, en el conocido como 'Caso Voto por Correo' durante las Elecciones Generales de 2008", plantea Pagaza, pues están en juego los intereses contra la integridad territorial y política de la UE en la frontera sur de la Unión. "Las elecciones libres y justas son una piedra angular de los países democráticos, y la independencia de los procesos electorales ante las injerencias es imprescindible", resalta.
CS ha pedido una comisión de investigación en el Congreso que aborde tanto la integridad del proceso electoral como la posible injerencia marroquí, así como las comparecencias de los ministros del Interior y de Exteriores. También ha reclamado a la Comisión Europea que investigue el caso y cree un instrumento para congelar ayudas económicas a terceros países que hayan injerido en los procesos electorales en la UE.
En paralelo, el partido liberal ha registrado una proposición de ley de modificación de la ley electoral (LOREG) para exigir el DNI en la entrega el voto por correo y no solo cuando se solicita.
