Ecologistas en Acción ha tramitado en 2022 ante los tribunales un total de 306 casos para la protección del medio ambiente, cifra superior a la de 2021 en que fueron 286 o a la de 2020 en que fueron 244. De esta cifra, 1 caso ha tenido lugar en la ciudad autónoma de Melilla. De todos estos asuntos, 205 pertenecen a la jurisdicción contenciosa administrativa, 100 a la penal, por delitos contra el medio ambiente o la ordenación del territorio, y uno a la civil.
El caso en Melilla se trata del recurso de apelación presentado por Guelaya con relación a los daños de los vertidos de escorias de la incineradora en los suelos, aguas subterráneas y aguas de playas. La solución que Guelaya solicitó en varios ocasiones a la Ciudad fue el envío de las escorias a la península. La última de las alegaciones presentadas y rechazadas a los presupuestos de la Ciudad Autónoma del 2022, según afirmaban desde la asociación por aquel entonces: "la Consejería de Medio Ambiente no nos ha dejado otro camino que acudir a la Justicia".
La organización ecologista, en su vertiente jurídica, continúa defendiendo el medioambiente en los tribunales. La temática de los distintos procedimientos es enormemente variada y comprende prácticamente todos los aspectos medioambientales. Entre ellos, por ejemplo, licencias o planes urbanísticos, vías pecuarias o caminos públicos, instalaciones de residuos, autorizaciones de canteras, macrogranjas, minería, o grandes plantas renovables, infraestructuras de transporte, gestión de espacios protegidos, delitos contra la fauna y furtivismo, vertidos industriales y de depuradoras y prevaricación urbanística, entre otros muchos temas.
De los 306 asuntos que Ecologistas en Acción tiene en diferentes tribunales, desde el punto de vista territorial, 95 corresponden a Andalucía, 60 a Castilla y León, 19 a Madrid, 22 a Murcia, 26 a Catalunya, 11 a Cantabria, 16 a Castilla-La Mancha, 17 a Extremadura, 12 a Aragón, 10 al País Valencià, 4 a Galicia, 6 a Euskadi, 7 a Canarias, 1 a Navarra, 1 a Melilla y 17 son de ámbito estatal.
El Área Jurídica de Ecologistas en Acción, compuesta por decenas de abogados y abogadas que, en los diferentes territorios, colaboran con las distintas federaciones y grupos locales, está dedicando especial atención a los asuntos relacionados con la prevaricación de autoridades o funcionarios derivada de licencias o autorizaciones medioambientales o urbanísticas irregulares.
Entre los muchos procedimientos que se están tramitando en tribunales penales con esta temática podemos mencionar algunos, como el del vertedero de residuos tóxicos de Salvatierra en Extremadura, el desvío del río Guadalete a su paso por Grazalema en Cádiz o el posible delito de prevaricación urbanística en Candeleda (Ávila). También la inactividad por no prohibir una cacería en Palencia, el caso de presunta corrupción en la tramitación de Meseta Sky en Valladolid o las actuaciones de la administración en relación con el incendio de Sierra Culebra en Zamora. Otros casos son el accidente de Ditecsa en Barcelona, las edificaciones en zonas de máxima protección en Valdemorillo (Madrid), la aprobación del proyecto de viales en zona protegida para acceso a urbanización promovida por la Universidad Antonio Nebrija en Hoyo de Manzanares (Madrid) o las actuaciones irregulares de funcionarios en relación con la balsa Jenny o en naves de porcino en Puerto Lumbreras (ambas en Murcia). En algunos casos estas presuntas acciones prevaricadoras se dan también por conductas omisivas de funcionarios o autoridades.
Uno de los asuntos más destacables es el proceso penal que seguimos como acusación popular contra el fraudulento procedimiento de adjudicación de los derechos mineros para la reapertura de la mina de Los Frailes en Aznalcóllar y Sanlúcar La Mayor, cuyo proceso de adjudicación en 2015 al consocio Minorbis-Grupo México va ser juzgado por la Audiencia Provincial de Sevilla contra 14 funcionarios y autoridades de la Junta de Andalucía y 2 directivos de la empresa, por delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociación ilegal, malversación de fondos públicos, fraude a la administración y prevaricación ambiental.
A pesar del proceso judicial, la Junta de Andalucía sigue tramitando la Autorización Ambiental Unificada (AAU) solicitada por la compañía minera 'Los Frailes', participada en un 97% por la multinacional Grupo México y un 3% por la española Minorbis, donde destaca la intención de verter, mediante una tubería de 30 km desde el recinto minero, al estuario del Guadalquivir, en zona Red Natura 2000 –tras una supuesta depuración– 14 millones de m³ de aguas ácidas, que actualmente están acumuladas en la corta minera de Los Frailes, abandonada desde 2001. Igualmente se pretende mantener ese vertido continuo durante 17 años de explotación minera.
En relación con asuntos judicializados por falta de actividad de la administración en el cumplimiento de las normas ambientales están también los casos de la falta de deslinde de vías pecuarias o del inventario de caminos públicos o de plan de recuperación de mamíferos todos ellos en Cataluña, la inacción continuada respecto al estado de las aguas contaminadas del embalse de As Conchas en Orense o la falta de los planes de calidad del aire a que obligan las directivas comunitarias en varias comunidades autónomas.
Luis Rico, coordinador de Ecologistas en Acción, ha puesto en valor la importancia de la acción legal y judicial como última línea de defensa ambiental: "La protección del medio ambiente está en nuestro ADN de activistas". A este respecto Jaime Doreste, abogado de la organización, ha añadido: "Trasladar la lucha ecologista a los procedimientos judiciales es una herramienta más para la defensa ambiental de un planeta vivible y biodiverso y para la construcción de una sociedad más justa y sostenible".
