La proposición no de ley presentada en el Congreso por el diputado nacional por Melilla, Antonio Gutiérrez, para que el Gobierno ahonde en materia presupuestaria en los convenios para la asistencia y acogida de menores extranjeros no acompañados que acceden a la ciudad, es tan oportuna como necesaria.
Oportuna porque el Ejecutivo de Zapatero, bajo la excusa de la crisis, ha rebajado en un millón largo de euros su aportación para tales prestaciones, cuyo coste ahora asume en solitario la Ciudad Autónoma en detrimento de otros fines que igualmente resultan necesarios en materia de asistencia social.
Necesaria porque la presión migratoria sobre Melilla en lo tocante a los menores sigue siendo muy alta por nuestra condición de ciudad fronteriza y el enorme decalage que en materia de rentas y estándar de vida existe entre nuestra ciudad y nuestro hinterland marroquí.
El Estado español, por encima de los distintos gobiernos de turno, debe asumir nuestra situación geográfica como una ventaja de gran valor geoestratégico, pero también como una realidad que conlleva un coste que no debe recaer exclusiva y únicamente en las arcas locales. En esta ciudad, en cuestión de menores tenemos una casuística muy especial porque, en realidad, hablamos de inmigrantes precoces con un perfil general muy determinado en sus características y razón de ser. Por tanto, no es una cuestión de ámbito local estrictamente, sino de interés general y estatal también.
