La Delegación del Gobierno en Melilla ha registrado un total de 540 permisos de trabajo para trabajadores transfronterizos desde que el pasado 17 de mayo reabrió el paso de Beni-Enzar, menos de un tercio de los que 1.847 que había legalmente establecidos antes del cierre de la frontera en marzo de 2020.
Fuentes del organismo han informado a Efe de que la presentación de solicitudes y su concesión se ha ido acelerando en las últimas semanas.
La mitad de las peticiones han sido presentadas en el último mes, en el que se han admitido más de las que pasaron este trámite en los dos primeros meses desde la reapertura fronteriza.
El 17 de julio, transcurridos dos meses desde que se reabrió la frontera, se habían registrado 265 solicitudes de trabajadores transfronterizos, de las que habían sido admitidas hasta ese momento 84.
Al cabo del tercer mes, esos datos son mucho mayores: 540 solicitudes registradas y más de 200 admitidas.
De las peticiones, prácticamente todas son para prorrogar una relación contractual que había antes del cierre de la frontera entre empleador y empleado, ya que solo 10 de las 540 que se han presentado son iniciales.
Las peticiones de trabajo admitidas, más de 200 hasta el momento, apenas representan una novena parte de todos los transfronterizos que tenían su puesto de trabajo de forma legal en Melilla antes del cierre fronterizo.
La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, informó, el pasado día 13 de junio, de que, hasta ese momento, 26 trabajadores transfronterizos habían pedido la correspondiente prórroga de su situación y se habían concedido cuatro hasta entonces. Además, se habían producido dos solicitudes nuevas. Según afirmó Moh, la mayoría de ellas eran trabajadoras del hogar.
El día 9 de ese mes, el pleno del Congreso de los Diputados respaldó la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que amplía los derechos de las empleadas del hogar, entre otros, la protección por desempleo. La ratificación salió adelante con 341 votos a favor, ningún rechazo y una abstención.
Este convenio, que el Gobierno remitió a las Cortes en abril, garantiza que los derechos de las empleadas de hogar disfruten de condiciones equitativas y no menos favorables que las condiciones aplicables al resto de las personas trabajadoras.
HABRA QUE ESTAR VIGILANTES SI ESTOS EMPRESARIOS CUMPLEN CON LA NORMATIVA VIGENTE EN TODOS LOS ASPECTOS, SUELDOS, HORARIOS, REMUNERACIONES...