Ante las acusaciones de la secretaria regional del PP de Melilla, Mª Carmen Dueñas, sobre el silencio del delegado del Gobierno en la ciudad, Gregorio Escobar, en cuanto a la Guardia Civil, éste aseguró que cualquier cuerpo de seguridad del Estado “debe estar al margen del debate político”.
Máxime cuando “el PP solo se acuerda de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por intereses electoralistas y partidistas”, añadió. En este sentido, Escobar aseguró que la mejor defensa de la actividad de la Guardia Civil, en general, es “no entrar ni alentar debate en esta línea” con el objetivo de no “entorpecer la labor” de la Benemérita. Y es que esta semana Coalición por Melilla volvía a denunciar la actuación de algunos agentes de la Guardia Civil a causa de la investigación que se está llevando a cabo sobre los votos por correo en las últimas elecciones generales de 2008. “Estamos en un Estado de Derecho y cualquier ciudadano puede reclamar o denunciar si cree que sus derechos han sido vulnerados”, finalizó.
“El PP no aboga por unas buenas relaciones internacionales”
Así de rotundo se mostró ayer el delegado del Gobierno, Gregorio Escobar, ante la petición del diputado melillense, Antonio Gutiérrez, al Ministerio del Interior para conocer los datos migratorios de 2010. Escobar explicó que la variación en la presión migratoria en la ciudad depende de dos factores; primero de la situación de los países desde donde parte esta inmigración y, en segundo lugar, del control que se haga sobre las vías de acceso. Por ello, acusó al parlamentario popular de “utilizar la inmigración a conveniencia de sus intereses sin abogar por unas relaciones internacionales correctas, en este caso con Marruecos”.
Por otra parte, señaló que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes acoge a cerca de 600 residentes.
Por último y sobre la denuncia de Prodein sobre el cambio de color en la tarjeta de los inmigrantes que han solicitado el asilo en España, el delegado aseguró que “es una opinión subjetiva” de la organización, puesto que en cualquier caso “se está aplicando la legislación española en materia de inmigración”. Por ello, en el caso de los solicitantes de asilo, “durante la resolución de su caso sus necesidades están cubiertas”, concluyó.
