Al menos 13 de los detenidos en la operación policial que desarticuló en Melilla una trama que conseguía DNI a niños marroquíes nacidos en el Hospital Comarcal han pasado ya a disposición judicial.
Lo hicieron este 31 de marzo y el Juzgado de Instrucción Número 5 de Melilla ha decretado su puesta en libertad con cargos, según confirmaron a El Faro fuentes policiales. Desde ese día están obligados a comparecer un día a la semana en los juzgados.
Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aclaran que el Juzgado de Instrucción número 5 ha intervenido en la causa porque estaba de guardia cuando salió adelante esta investigación, que se remonta al año 2018.
No obstante, se ha inhibido para que todo el caso quede centralizado en el Juzgado de Instrucción número 2. Lo mismo harán los juzgados de la península a donde sean llevadas a declarar las 28 personas que han sido arrestadas fuera de Melilla por su relación con los hechos.
Los padres ficticios
Los trece detenidos que han pasado a disposición judicial y que han quedado en libertad provisional con cargos son las personas que figuraban como padres ficticios de los menores que consiguieron la nacionalidad española en Melilla de manera fraudulenta.
Asimismo, fuentes del TSJA han asegurado que pensando en el bien del menor, la Policía Nacional decidió no separar a las madres que han incurrido en el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, que pesa contra todos los implicados en la trama, aunque ellas siguen figurando como investigadas (imputadas) en el caso.
Por otra parte, fuentes policiales aseguraron a este periódico que no hay ningún funcionario implicado en la operación. Las pesquisas llevadas a cabo por los agentes han arrojado un total de 117 personas relacionadas con esta red fraudulenta entre las que hay madres de recién nacidos, padres ficticios e intermediarios.
Estos últimos eran los encargados de poner en contacto a las madres con los falsos padres.
La red se lucraba con el fichaje de hombres españoles residentes en Melilla, que daban su apellido a niños de madres marroquíes que parían en Melilla. Por inscribir a los menores como hijos propios exigían el pago de entre 1.500 y 3.000 euros.
Para entrar en Melilla, las madres marroquíes se aprovechaban de la exención de visados establecido en el Tratado de Buena Vecindad establecido entre España y Marruecos.
Esas mujeres, a través de su hijo nacionalizado español, conseguían la residencia en la ciudad, donde luego se trasladaban a vivir con el padre biológico del menor.
Desde la Delegación del Gobierno de Melilla han confirmado a El Faro que ya han iniciado los trámites para revocar el permiso de residencia a las madres que consiguieron la residencia legal en la ciudad a través de esa vía excepcional, por ser progenitoras de un menor de nacionalidad española.
Por su parte, corresponde a la Fiscalía la revocación de la nacionalidad de los 79 menores marroquíes que consiguieron la nacionalidad española de forma fraudulenta.
Para desmantelar la trama se ha desarrollado un operativo policial a nivel nacional en el que han participado más de 150 agentes.
