La cabeza en la lista de Unión, Progreso y Democracia, para las elecciones municipales del 26 de mayo, Marisol Galán, indicó la necesidad de un “aumento significativo” en los presupuestos de la Ciudad dedicados a políticas sociales. Para la dirigente magenta, “algo falla en el enfoque del sistema” cuando una familia al borde de la exclusión, sin recursos y en desamparo “no puede recibir ayudas de la CAM porque debe algunos recibos de la contribución municipal”.
La pobreza energética es otra de las cuestiones, según la upedista, “que no están debidamente tratadas y protegidas”, incidiendo en el hecho de que hay familias en Melilla “sin posibilidad de pagar el recibo de la luz, o no pueden cocinar porque carecen de recursos para una bombona de butano”.
España, es un país con importantes índices de pobreza infantil dentro de la Unión Europea, donde además, la desigualdad social va en aumento, y concretamente en Melilla, estamos a la cabeza de todas esas cifras. Todo ello, a juicio de Galán, “pone de manifiesto, la debilidad de nuestro sistema de protección social.
UPyD propuso establecer ayudas económicas mensuales por hijo menor para todas aquellas familias melillenses que estén por debajo del umbral de la pobreza o de la pobreza severa. Defienden también, aumentar las prestaciones por hijo a cargo, según el número de ellos, hasta alcanzar la media europea. De igual forma, pretenden llevar a cabo políticas de “compensación de gastos en los hogares” respecto a: la nutrición infantil, medicamentos, prótesis y tratamientos de salud, gasto de energía y agua en los hogares, y posibles gastos de transporte.
Marisol Galán, dijo que “la actual brecha social en Melilla genera mucha inequidad” y que el programa de su partido está basado “en la implantación de un amplio proyecto de justicia social, donde además de los puntos citados, la lucha contra la exclusión educativa tiene un lugar relevante”.
En cuanto a las situaciones de dependencia y autonomía personal, la candidata de UPyD, comentó que se debe mejorar la implantación de la Ley de Dependencia y Autonomía Personal y su financiación con el objetivo de cumplir el principio de suficiencia financiera que proclama la Ley, “acometiendo la reforma de aquellos aspectos que conduzcan a los siguientes objetivos: asegurar la tutela efectiva del derecho subjetivo por parte de los poderes públicos, y garantizar los mismos derechos en todas las CCAA de manera igualitaria con independencia del lugar de residencia”.
