Uno de los asuntos, las líneas generales del pliego de condiciones del próximo concurso, para 2011
El delegado del Gobierno, Gregorio Escobar, mantuvo ayer por la tarde una reunión en Madrid con la directora general de la Marina Mercante, Isabel Durantez, en la que se ha hecho balance del actual contrato de Navegación Marítima que mantiene el Estado con la compañía Acciona-Trasmediterránea, tras cuatro años en vigor, y se han expuesto las líneas generales que podrían regir el pliego de condiciones del futuro concurso previsto para el año 2011.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, invierte en las líneas marítimas de interés público entre Melilla y Málaga, a través del actual contrato de servicio, 46 millones de euros. La mayor parte de esta cantidad, algo más de 41,6 millones corresponde al acuerdo firmado en 2006, el resto se ajusta a una modificación suscrita en octubre de 2008, valorada en 4,3 millones, mediante la cual se adscribió un buque de refuerzo en la línea con Málaga durante los puentes y vacaciones de Navidad y Semana Santa con el fin de dar un mayor servicio a la alta demanda que se genera en estas fechas tan especiales.
El contrato administrativo firmado entre el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y Acciona-Trasmediterránea en 2006, con una vigencia de cinco años, introdujo una serie de mejoras con respecto al suscrito en 2002. Entre ellas, el incremento de la frecuencia del servicio a un viaje diario –antes no se operaba todos los días–, la ampliación del periodo de servicios con embarcaciones de alta velocidad, mejora de la calidad de los buques con barcos que no superaran los 15 años de antigüedad y la introducción de seguridad y médico a bordo.
Una mejora importante con respecto al anterior contrato, pues el actual también contempla el incremento de la bonificación por residencia hasta el 50 por ciento para los billetes de barco adquiridos por los melillenses para desplazarse a Málaga o Almería, lo que supone un desembolso económico, sólo por este concepto, de seis millones de euros. El Gobierno Central pasaba así del primitivo 33 por ciento que abonaba por pasaje, a pagar la mitad de su precio.
