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Sabrina Moh explica que abogaban por que la naviera hubiera recibido una contraprestación económica por la ruta
“Desde el PSOE, hubiéramos preferido barcos nuevos y modernos, que es lo que los melillenses nos merecemos, y, a cambio, que la naviera hubiera recibido una contraprestación económica por hacer la ruta de Melilla con Almería y Málaga”. La secretaria de Organización del PSOE local, Sabrina Moh, se refirió ayer al contrato de navegación marítima, que entra en vigor el próximo 1 de noviembre, y que gestionará Acciona Trasmediterránea, tras llevarse el contrato por ofertar el servicio a cero euros.
“Si, con un contrato de cero euros, hay unas pequeñas rebajas en los billetes, que es lo que nos están vendiendo a bombo y plantillo, ¿no hubiera sido mejor un contrato con una contraprestación económica y que, a cambio, los usuarios obtuviéramos una rebaja importante y significativa en los billetes y acomodaciones?”, se preguntó, añadiendo que esto hubiera posibilitado que “cualquier melillense viajase a la península cuando lo desease y, de igual forma, que cualquier peninsular viniese a nuestra ciudad”.
En relación con las declaraciones del presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, asegurando que este contrato se trataba de un “negocio redondo”, Moh reconoció estar sorprendida por el giro de 180 grados que ha dado el PP en solo unos años.
Así, recordó que hace unos años los populares hablaban de revolucionar el transporte marítimo, “de los barcos más nuevos, modernos y rápidos del país”. “Hasta tal punto que, según nos vendieron, durante 2014 y 2015, el Gobierno de Rajoy iba a poner 25 millones de euros para dos años y el propio Gobierno de la Ciudad, que no tiene ninguna competencia en transporte, iba a aportar 3,2 millones de euros”, apuntó.
La socialista indicó que su formación está preocupada por las consecuencias que pueda acarrear un contrato marítimo por cero euros.
“Es Europa la que regula, permite y autoriza las líneas de servicio público. Que exista una línea de este tipo no queda a criterio de un país, sino que tiene que contar con la autorización de la Unión Europea y la última palabra a la hora de poner, mantener o quitar un servicio público”, señaló.
