-
Un antiguo letrado del servicio jurídico de la Ciudad, que declaró ayer en el juicio de ‘caso Abogados’, aseguró que este órgano “puso reparo” a los contratros menores de la Consejería de Bienestar Social
En la mañana de ayer declararon los últimos tres testigos del ‘caso Abogados’ en el que se acusa a María Antonia Garbín, quien fuera consejera de Bienestar Social entre 2003 y 2015, de la supuesta contratación irregular de cuatro letrados externos a la Administración local. Junto a Garbín hay otros 12 inculpados. El segundo en declarar fue Juan Requena, un abogado que hace unos años formaba parte del equipo de los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma. Aseguró que solía leer los informes del Tribunal de Cuentas y que en el de 2001, que fue remitido cuatro años más tarde (en 2005), dicho órgano formuló reproches contra el sistema de contratación de Bienestar Social.
Requena indicó que al servicio jurídico de la Ciudad Autónoma llegaban los informes del Tribunal de Cuentas que luego remitirían a Presidencia. De este modo, el letrado solía revisar los documentos y según explicó, dicho órgano “puso reparo” al sistema de contratación de la Consejería de Bienestar Social. “Formuló reproches contra el sistema de contratación menor de Bienestar Social”, apuntó. “Era una mención expresa y un reproche concreto”, añadió. Sí puntualizó que el informe, que hablaba de fraccionamiento de contratos, data del 2001, aunque fue remitido en el año 2005.
Además, este letrado que declaró en calidad de testigo dijo que no tenía constancia de que desde Bienestar Social hubiesen solicitado la asistencia a los servicios jurídicos y que estos se hubiesen negado a prestarla.
Según Requena, criticó la incorporación de otra abogada de la Ciudad Autónoma a su departamento al creer que se estaba produciendo una sobredotación. “Los servicios jurídicos estaban sobredimensionados”, manifestó. Finalmente, señaló que la Relación de Puesto de Trabajo (RPT) que se aprobó por el Gobierno local fue declarada nula. “Era manifiestamente aberrante”, dijo.
Las declaraciones de Juan Requena contrastan con las de su compañero Antonio Cabo, el integrante más antiguo de los servicios jurídicos de la Ciudad. Este último, a diferencia de Requena, apuntó que desde el área de Bienestar Social sí solicitaron ayuda y que ellos se negaron a prestarla. “Somos cuatro letrados y un administrador”, argumentó. No obstante, detalló que no se trató de una negativa “formal”, por lo que no se hizo por escrito.
Cabo negó que, tal y como declararon el pasado lunes los agentes de la Guardia Civil que estuvieron al frente de la investigación, fuese él quien comunicase a los guardias civiles que como a principio de año se aprobaban la RPT y los presupuestos de la Ciudad desde la Consejería de Bienestar ya debían tener constancia de que no se iban a cubrir las plazas. “La RPT es una previsión que se puede cumplir o no”, señaló.
Interventor delegado
En la sesión de ayer también prestó declaración Juan Ignacio Valero, un interventor delegado del Estado. Fue el encargado de realizar un informe pericial de los contratos de los cuatro abogados que supuestamente fueron empleados sin que se respetaran los procedimientos administrativos. Hay que recordar que esos letrados firmaron 91 contratos, todos ellos de entre cuatro y seis meses de duración.
De ahí que se sospechó que Bienestar Social supuestamente no formalizaba contratos de un año o más de duración para evitar que se abriera un procedimiento público al que podrían concurrir otros juristas y, de esa forma, emplear siempre a los mismos letrados.
Doble fraccionamiento
Sus testimonios se basaron en lo recogido en su informe. De este modo, aseguró que se produjo un doble fraccionamiento de contratos, ya que no sólo se realizaba más de un contrato al año, sino que además se dividía entre cuatro letrados el servicio que se debería prestar con un contrato único.
Valero apuntó que “era justificable” que de forma temporal se cubriesen los puestos de los letrados con contratos menores, pero no le parece “razonable” hacerlo durante 13 años. Además, explicó que un procedimiento hubiese “garantizado” la libre concurrencia.
El perito judicial no cree que hubiese una prórroga de contratos, sino que cuando finalizaban, se hacían otros nuevos.
Por otra parte, dejó claro que la realización de un contrato mayor hubiese sido perfectamente compatible con el hecho de que en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) estuviesen contempladas unas plazas de asesor jurídico para Bienestar Social.
