El Defensor del Pueblo se suma a las peticiones de otros organismos como Acnur o CEAR.
El Defensor del Pueblo insta a España a encontrar vías de acuerdo con Marruecos para que permita el paso de aquellos extranjeros que quieren solicitar asilo. Esta petición se suma a las que ya han realizado otras instituciones como CEAR o Acnur, ante la imposibilidad para los ciudadanos subsaharianos de llegar a las oficinas de asilo instaladas en las fronteras de Melilla y Ceuta.
En un informe, la institución dirigida por Soledad Becerril apunta que la Administración española tiene la obligación de detectar cuáles son los obstáculos que existen para que personas con necesidad de protección no puedan acceder a los puestos fronterizos “sin poner en riesgo sus vidas”.
La institución recalca que en numerosas ocasiones ha manifestado que las autoridades españolas deben garantizar que los extranjeros puedan formalizar solicitudes de protección internacional cuando sean interceptados por funcionarios de nuestro país, independientemente de que esto se produzca dentro o fuera de las aguas territoriales.
Señala, además, que los intentos de entrada por puestos no habilitados y la formalización de solicitudes de preotección internacional que consiguen entrar por estas vías permite afirmar que el colectivo de subsaharianos no tiene acceso a los lugares habilitados en los puestos fronterizos de Melilla y Ceuta para hacer la solicitud de protección internacional.
Recuerda que se han recibido quejas y se han iniciado actuaciones ante la Administración, tras comprobar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que prestan servicios en las fronteras de las ciudades de Ceuta y Melilla, o que han interceptado a extranjeros en el mar, han entregado a estas personas a la policía marroquí obviando la posibilidad de que se trate de personas que necesiten protección internacional.
A juicio del Defensor del Pueblo, la protección de los solicitantes de asilo, además de responder a una obligación adquirida al suscribir los acuerdos internacionales, debe ser una prioridad y, por ello, el objetivo de las políticas estatales debe ser facilitar el acceso al procedimiento de las personas que se encuentren en necesidad de protección internacional. Considera que es urgente la modificación de los criterios de actuación de los agentes encargados del control de fronteras a fin de que entreguen a las personas que detecten intentando acceder irregularmente a territorio nacional a la Policía Nacional para que esta realice los trámites establecidos por la normativa de extranjería y pueda informar a los interesados sobre la posibilidad de solicitar protección internacional.
