Los acusados comparten un local en el Rastro donde la Guarcia Civil encontró “más de 200 cañas”.
El Ministerio Fiscal solicitó ayer sendas penas de prisión de dos años para dos comerciantes del Rastro acusados de vender artículos de pesca a sabiendas de que habían sido robados.
El delito que se les imputa recibe el nombre de receptación, consistente en la comercialización de productos siendo conscientes de que éstos tienen un origen ilícito.
De los dos acusados, sólo uno se dedica a la venta de utensilios de pesca, mientras que el otro, aunque hace uso del mismo local, se ocupa de la venta de muebles de segunda mano. No obstante, el fiscal considera que ambos actuaban de común acuerdo.
Registro del local
A. B., el inculpado que comercializaba artículos de pesca, admitió que el 24 de octubre de 2013 la Guardia Civil practicó un registro en su negocio. En esa actuación se descubrieron “más de 200 cañas de pescar”, así como otros utensilios. El acusado aseguró que “no eran para la venta” y que eran de su propiedad, una declaración que el Ministerio Fiscal no considera verídica.
Desfile de afectados
En 2013 se produjeron diversas denuncias por robos ejecutados dentro de embarcaciones amarradas en el puerto. Varios de los afectados testificaron ayer en el juicio a los dos comerciantes.
Uno de los testigos afirmó que se le había sustraído “una emisora náutica” que pudo recuperar después de que la Benemérita registrara el local de los acusados.
Otro afectado declaró que unos desconocidos le habían robado de su embarcación “dos equipos completos de pesca submarina”, así como “herramientas, una radio y un GPS”, que fueron recuperados de la misma manera. Varios testigos más afirmaron haber sido víctimas de robos similares.
Entre los centenares de artículos intervenidos en el local había muchos que no tenían factura de compra. Sin embargo, el abogado defensor pudo probar que había “más de 100 facturas” de otros objetos, que su cliente aseguraba había adquirido “en Barcelona” en una tienda de pesca que iba a cerrar y liquidaba existencias.
El fiscal, sin embargo, ve claro que ha existido una venta de productos de origen ilícito al tratarse de centenares de ellos sin factura, por lo que pide una sentencia condenatoria.
