La reforma del Código Penal, en lo referente a los delitos relacionados con la inmigración ilegal, obliga a hacer una reflexión sobre el sentido o el sinsentido de las importantes inversiones que desde hace años viene realizando el Estado, con independencia de si el inquilino de La Moncloa es del PP o del PSOE. Al menos, desde un punto de vista económico, este cambio legislativo es un despropósito.
Por un lado está el Estado, que se ve obligado a instalar costosos dispositivos de vigilancia y antiintrusión en las fronteras de Melilla y Ceuta. Además, al coste de construir y mantener las vallas, del operativo policial de refuerzo y de los controles en el tránsito personas y vehículos, hay que añadir el esfuerzo financiero que ha representado la puesta en marcha y funcionamiento de proyectos como el SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) de la Guardia Civil.
Por el contrario, en el lado opuesto, donde están los individuos que se lucran con la inmigración ilegal, cada vez son más la ventajas: No deja de crecer el número de personas dispuestas a todo por llegar al ‘Primer Mundo’, incluido pagar sumas astronómicas que han necesitado o van a necesitar años de trabajo, ahorro y sacrificios; la inversión para adquirir coches o embarcaciones para el transporte de inmigrantes no es grande, dado que se trata de vehículos que, en la mayoría de los casos, parecen salidos del desguace; y finalmente, quienes los conducen a partir de ahora, con la reforma del Código Penal, asumen un riesgo ínfimo, por lo que es de suponer que su remuneración en breve se verá rebajada considerablemente, una circunstancia que repercutirá de modo favorable en quienes ocupan los puestos más altos en el ‘negocio’ de la inmigración ilegal y que, por lo tanto, son quienes más beneficiados resultan con esta reforma legislativa. Si a todo ello se suman las inexistentes operaciones policiales en el país vecino para identificar, detener y llevar ante la Justicia a estos sujetos que están en la cúspide de la pirámide, resulta muy difícil encontrar una explicación a la rebaja de penas para la inmigración ilegal. No tiene ninguna justificación desde el punto de vista económico, ya que mientras el Estado se ‘desangra’ para tratar de contener las entradas ilegales, los delincuentes se lucran cada vez más con estos delitos al ver que los costes de sus ‘negocios’ bajan de manera considerable mientras que, en el peor de los casos, mantienen los ingresos. Todo ello lleva, lógicamente, a que aumenten sus beneficios.
Y tampoco tiene justificación la reforma legislativa desde el punto de vista policial ya que cae en saco roto todo el esfuerzo que realizan policías nacionales y guardias civiles (con limitaciones materiales en muchos casos y sin la plantilla suficiente casi siempre). ¿De qué sirve arrestar a quien sólo va a ser sancionado con una multa que no le va a impedir días después volver a intentar la comisión del mismo delito por el que ha sido detenido? ¿Para qué perseguir un delito sin condena o sin una pena equivalente a su gravedad?
Veremos si finalmente se materializan los malos augurios que hoy exponen en El Faro de Melilla tanto la Unión Federal de Policía (UFP) como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Por desgracia, todo apunta a que ocurrirá como prevén que suceda los agentes que luchan a diario contra estos delincuentes. Nada permite augurar un descenso de la inmigración ilegal como consecuencia de la reforma del Código Penal; una reforma extraña y precipitada, al menos, en lo referente a los castigos para quienes se lucran con la miseria de las personas que huyen del Tercer Mundo.
