El imperio de la ley, la acción de la Justicia y la labor de la Policía no tiene su frontera en el límite donde empieza el ciberespacio.
Tras la llegada de las redes sociales y su rápida expansión, algunos ciudadanos han creído que podían actuar con total impunidad en esa nueva realidad. Han pensado que podían esquivar la responsabilidad de acciones que tienen unas evidentes consecuencias legales porque afectan a derechos de otros ciudadanos y contravienen las obligaciones que sus autores pueden haber contraído en el caso, por ejemplo, de desempeñar labores en la Administración Pública.
Por fortuna, esta supuesta impunidad con la que algunos usuarios de las redes sociales venían actuando está llegando a su fin. Las posibilidades que ofrece la tecnología de ejercer la libertad de expresión conllevan una serie de responsabilidades de cuya transcendencia somos especialmente conscientes los profesionales de la prensa. En cualquier medio de comunicación que opere con una mínima ética y un escrupuloso respeto a la ley, sus trabajadores conocen que por encima de cualquier otro principio está el transmitir a la sociedad información contrastada con el objetivo de que los datos que se faciliten a los ciudadanos sean lo más fieles posibles a la realidad. Igualmente, la crítica y la opinión sólo puede estar basada en hechos previamente verificados. Ésas son las máximas que imperan en cualquier medio de comunicación serio que sabe que su libertad para informar y opinar está supeditada a la obligación de contrastar las noticias y de realizar valoraciones a partir de sucesos previamente comprobados.
Como en cualquier otra actividad humana, el trabajo periodístico no está libre de error, pero éste sólo es imperdonable si está causado por la desidia, la falta de profesionalidad y la animadversión hacia una persona o entidad a la que se quiere causar un mal intencionadamente sin motivo que lo justifique más allá de la transmisión de información veraz.
Todos estos límites y la autorregulación que se impone cada medio de comunicación son la consecuencia de las condiciones que establece la ley en cualquier sociedad que se rija por los principios de un sistema democrático.
Esa misma ley es aplicable a la actividad de los ciudadanos y empresas en las redes sociales. Aunque en ocasiones la labor de la Policía y los jueces ante supuestos delitos cometidos en ese ámbito puede parecer más lenta e incluso dé la sensación de ser ineficaz, finalmente acaba dando sus frutos. La ‘Operación Montecristo’ es una buena prueba de ello. Durante años el perfil de Facebook y Twitter identificado con el pseudónimo de Lisbeth Salander ha venido actuando unas veces en el límite de la legalidad y otras atacando a ciudadanos y entidades que sentían que sus derechos estaban siendo pisoteados y se veían impotentes para defenderlos en un tribunal.
Finalmente, policías judiciales de la Guardia Civil están poniendo nombres y rostros a los supuestos responsables de los mensajes difundidos a través de ese perfil falso. Cuando termine su investigación, los sospechosos tendrán que dar cuenta de sus acciones ante un juez, como cualquier otro ciudadano que ejerce su derecho a difundir información y, por lo tanto, debe asumir las consecuencias del supuesto daño provocado por el ejercicio negligente o malicioso de un derecho sin respetar ningún tipo de obligaciones.
La ‘Operación Montecristo’ es una demostración más de que, afortunadamente, el ciberespacio no es un territorio sin ley.
