Los 15 detenidos el pasado martes ya están todos en libertad tras prestar declaración en el Juzgado de Instrucción número 4, pues el instructor no cree que exista “riesgo de fuga”.
El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Melilla, Francisco Ramírez Peinado, tomará declaración en los próximos días como imputados a tres de consejeros del Gobierno de Melilla en el marco de la operación que investiga una presunta trama de corrupción en la adjudicación de contratos públicos, denominada ‘Tosca’. Los consejeros citados son el de Economía y Hacienda, Daniel Conesa, el de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig, y el de Seguridad Ciudadana, Francisco Calderón, según informaron fuentes judiciales.
Estas personas son los responsables políticos de tres de las áreas que se encuentran bajo sospecha, según las fuentes, relacionadas con empresas del agua (Hispanagua), la electricidad (Himosa) y la seguridad (Eulen).
20 imputados más
Los consejeros son algunas de las 35 personas vinculadas a este procedimiento judicial (15 detenidos más 20 citados como imputados), que investiga delitos de prevaricación, malversación, fraude y cohecho dentro de la denominada como ‘Operación Tosca’.
Cabe recordar que el consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig fue detenido en octubre de 2013 en el marco de la llamada ‘Operación Ópera’, mientras que el de Economía y Hacienda, Daniel Conesa está también imputado.
El pasado miércoles seis de los quince detenidos en Melilla en la ‘Operación Tosca’ quedaron en libertad tras prestar declaración ante el juez Ramírez Peinado. Entre ellos se encontraban la gerente de la sociedad pública Promesa, Carolina Gorgé, el director general de Seguridad Ciudadana, Gregorio Castillo, un técnico de la sociedad pública y responsables de las empresas Eulen e Himosa.
El objeto de la investigación, que inició la jueza María José Alcázar, anterior titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla, bajo la denominación ‘Operación Ópera’, es el de esclarecer las presuntas irregularidades de determinados órganos de la Ciudad Autónoma de Melilla en materia de contratación pública.
Aunque inicialmente la instrucción se centró en los contratos menores (aquellos que no exceden los 18.000 euros para la prestación de servicios o 50.000 euros para las obras), que eran supuestamente fraccionados para eludir la contratación mediante concurso, se ha ampliado al resto de contratos en los que sí habría sido necesario un procedimiento público.
Para los investigadores, existen indicios de que podría haberse producido una “concertación previa” entre los responsables de las empresas finalmente adjudicatarias y funcionarios de la administración autonómica para determinar el resultado del concurso.
Todo ello, según las mismas fuentes, con la connivencia entre las personas físicas y jurídicas encartadas y los responsables de la Administración contratantes, dando lugar a la obtención de beneficios “recíprocos”, en perjuicio del erario público.
Los liberados deben comparecer una vez al mes
El Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla decretó ayer la libertad provisional para los 15 detenidos el pasado martes en Melilla, Málaga, Madrid y Las Palmas, en el marco de la ‘Operación Tosca’, que investiga una presunta trama de corrupción en la adjudicación de contratos públicos, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA).
La puesta en libertad se justifica en el hecho de que no se aprecia riesgo de fuga ni ningún otro motivo de los que habilita la ley para la adopción de una decisión “más gravosa” sobre su situación personal, como sería el ingreso en prisión.
No obstante, a los detenidos, que han prestado declaración entre el miércoles y ayer, se les ha impuesto la obligación de comparecer en el juzgado una vez al mes, como es el caso del director general de Seguridad Ciudadana, Gregorio Castillo.
Trece de los quince detenidos declararon en Melilla, uno en el Juzgado de Refice (Lanzarote) y otro, ayer por la mañana, en el juzgado de guardia de Málaga, al no poder llegar a la ciudad autónoma por “motivos meteorológicos”.
A todos ellos, el juez Francisco Ramírez Peinado les interrogó sobre diversos hechos para esclarecer si se han producido delitos contra la Administración Pública, en concreto, prevaricación, revelación de secretos, cohecho, fraude y malversación, así como para determinar la responsabilidad de cada uno de ellos.
La instrucción, que se encuentra bajo secreto de sumario, se inició a finales del año 2012 y ha contado con la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, centrada en contrataciones presuntamente fraudulentas entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma y distintas empresas.
