Alejandra Germán, experta en Extranjería, opina que no hay un interés político ni social para acabar con esta práctica.
–Como experta en Extranjería conocerá la problemática suscitada en Melilla y Ceuta en torno a las llamadas ‘devoluciones en caliente’...
–En este sentido, siempre me gusta puntualizar y no utilizar eufemismos. Hablar de ‘devoluciones en caliente’ es quitarle la contundencia jurídica que tiene a este tipo de actuaciones. Entonces, cuando hablamos de ‘devoluciones en caliente’ yo hablo de devoluciones ilegales porque el primer término implica quitar rotundidad al asunto. En mi caso siempre voy a hablar de devoluciones ilegales.
–A pesar de las voces en contra, el Gobierno incluyó una enmienda a la Ley de Seguridad para legalizarla.
–Más allá de lo que pueda haber a nivel político, las devoluciones ilegales suponen obviar obligaciones internacionales y obligaciones con la Unión Europea. La consecuencia de esto es que esta propuesta de enmienda pudiera ser llevada al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o ante organismos de supervisión de Tratados en la ONU o el Comité de Derechos Humanos o el Comité contra la Tortura.
–¿Todas estas instancias europeas podrían actuar de oficio o debe ser a instancia de una denuncia?
–Suele ser a instancia de ONGs lo que ha ocurrido hasta ahora. Todas las sentencias que tiene el Tribunal Internacional contra España ha sido a instancias de la denuncia de una organización ONG. La Comisión Europea puede iniciar un procedimiento de incumplimiento porque hay un artículo en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que prevee esta opción. La realidad es que esto no ocurre ni va a ocurrir. Las condenas, por tanto, que España ha tenido hasta ahora siempre han sido a instancias de una asociación u organización que ha defendido los intereses de estas personas. España ya ha sido condenada por devoluciones ilegales. Poder, podría, pero no va a ocurrir si no hay una asociación que los defienda ante la UE, yo estimo que no va a ocurrir.
Además, llevar un tema de estos a una instancia internacional, el problema que tienen estos juicios es que cuando inicias una demanda contra España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, más allá de que tengas el informe favorable del Tribunal, esta justicia llega tarde y llega mal, la mayoría de las veces. Estas situaciones, la Justicia no llega a buen puerto porque no llega a la persona destinataria de esa demanda.
–¿Existe algún mecanismo para que esa enmienda no prospere?
–El último bastión que puede llegar en España esa enmienda es el Tribunal Constitucional. El tema es que ocurre un poco lo mismo que lo que le he comentado de las instancias europeas. El promedio de resolución de sentencias del TC tarda entre ocho y diez años. En ese tiempo estaría vigente una ley inconstitucional.
–Plantea un panorama pesimista ...
–No hay voluntad política ni siquiera de instancias europeas de eliminar la práctica de las devoluciones ilegales porque si la UE tuviera voluntad, hubiera tomado otras medidas.
La visita del comisario europeo de Derechos Humanos es un tirón de orejas a España, pero no hay una voluntad política europea real para eliminar esta práctica porque la propia España está siendo financiada para que realice ese tipo de actos.
–¿Entonces la defensa de los Derechos Humanos en la UE se hace de cara a la galería?
–Claro. La Unión Europea siempre tiene que mostrarse como una institución que defiende los Derechos Humanos. No puede mostrar lo contrario. Pero no hay una voluntad real porque si no la UE habría actuado de otra forma y España hubiera acatado al momento. No hay una voluntad real y tampoco hay una opción alternativa. Porque, ¿cómo reducir los intentos de entrada de inmigrantes?
Podría buscarse un canal para que las personas puedan llegar de manera regular. Pero no hay ningún canal porque Europa le pide a España que sea la puerta de la fortaleza. Y la puerta de la fortaleza debe estar cerrada.
¿A costa de qué? Pues en este caso de Melilla y Ceuta de que a costa de sacrificar o violar derechos como que la persona sea devuelta a un lugar donde reciba torturas o su vida corra peligro, etc.
–¿Opina que la investigación judicial en Melilla sobre las devoluciones no tendrá mucho recorrido?
–Tendrá un recorrido de manera puntual, pero no afectará a la propuesta de modificación de la Ley de Extranjería porque el expediente que hay en Melilla no va de este tema, va sobre el concepto de frontera y sobre la responsabilidad penal que puede imputársele a una persona que está participando de unas devoluciones ilegales, pero no toca para nada la modificación de la ley.
–Parece que el propio sistema es una ratonera que no ofrece ninguna salida a esta problemática.
–En los años 80 la ley preveía que si se interponía un recurso de inconstitucionalidad la ley quedara en suspenso y no se aplicaba, pero hoy por hoy esa opción no existe. Entonces la ley se sigue aplicando. Lo que nos viene, es lo que le explicaba, una marcha inexorable hacia la inconstitucionalidad de esta ley. Hacia allí vamos. A no ser que la Unión Europea cumpla de alguna manera o sea la presión social, pero la presión social tampoco está en el momento ideal como para realizar esta presión.
–¿Por qué?
–Porque hay muchas otras cosas además de lo que ocurre en la valla de Melilla y Ceuta. Si mira las estadísticas sobre los asuntos que más interesan a los españoles, la valla de Melilla no está entre las prioridades. Está el paro, la corrupción, los problemas políticos, la sanidad, pero no la inmigración como estuvo en otro momento. Hoy por hoy la sociedad, no sé si porque está anestesiada ya de todas estas cosas o porque tiene otro tipo de prioridades, pero no está por la labor para realizar una presión social y evitar eta ley. Además, cuando hablamos de Extranjería entendemos que siempre estamos hablando de otros. Primero somos nosotros, y luego esto es un problema de otros que quieren venir aquí. Es siempre la dicotomía de nosotros y los otros.
