“La Ley de Colegios Profesionales cercena la independencia de estas corporaciones”.
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, criticó ayer al Gobierno central de pretender “estrangular a los colegios profesionales” con la reforma legal que está impulsando.
Carnicer está en contra de la fijación de cuotas de 20 euros mensuales, pues este tipo de medidas tienen “la única finalidad de reducir sus posibilidades para denunciar ilegalidades o medidas abusivas como pueden ser las tasas judiciales, los asuntos de corrupción o la vulneración de los derechos fundamentales como recientemente ha ocurrido en Melilla y Ceuta”. En relación a las investigaciones judiciales abiertas en la ciudad autónoma en relación a las llamadas ‘devoluciones en caliente’ o la entrega a Marruecos de 21 inmigrantes que accedieron a Melilla en coches ‘kamikazes’ en febrero del año pasado.
Además, esta cuota es “insuficiente para financiar los servicios y funciones que prestan los colegios profesionales”. El presidente de la Abogacía lamentó que el ministro Luis de Guindos impulse de nuevo “la ley de servicios y colegios profesionales, que cercena y limita la actividad e independencia de estas corporaciones, confiere facultades a innominadas administraciones para disolver órganos de gobierno e impone condiciones que favorecen su incapacidad para proporcionar servicios a los ciudadanos”.
“Los profesionales españoles son excelentes y han sido reconocidos infinidad de veces por los ciudadanos”, afirmó Carnicer, que recuerda que los colegios profesionales tienen trascendencia constitucional y son de interés general.
Como ejemplo, Carnicer señaló que los colegios de abogados promueven desde siempre actividades “hoy socialmente imprescindibles y muy apreciadas por los ciudadanos”, como la asistencia a mujeres agredidas, menores, discapacitados, extranjeros, presos y justicia gratuita en general.
