Todo ser humano tiene derecho a no emigrar, derecho a vivir, crecer y desarrollarse como persona en su propia comunidad nacional contribuyendo a su prosperidad de acuerdo con la cultura que a cada uno le sea propia. Es la premisa de la Agenda España, impulsada por Vox, que recoge una serie de medidas con el objetivo de poner fin a la «invasión inmigratoria» que sufre España, y ante la que el consenso progre no sólo no hace nada, sino que la niega y, de hecho, la necesita.
En los últimos años, ha sido frecuente escuchar por parte de la izquierda, y del Partido Popular, la necesidad de que España reciba inmigrantes. De hecho, hasta la irrupción de Vox no se admitía discusión al respecto porque el consenso progre había censurado un debate, al tiempo que los españoles tenían cada vez menos hijos, menos trabajo y más inseguridad en los barrios. De hecho, «sin políticas de fronteras abiertas los tratantes y los traficantes de personas tendrían muy difícil continuar con sus negocios», señala la diputada de Vox Rocío de Meer, quien recuerda con frecuencia que su formación «adora agravar las penas a los peores criminales, lo que nos convierte en el partido de las calles seguras, el que temen los violadores, maltratadores y los peores asesinos». La apertura del debate por parte de Vox destapó, de este modo, una realidad que hasta el momento se había ocultado a los españoles.
El Gobierno de España insiste en la supuesta necesidad de inmigrantes para paliar las necesidades de mano de obra. Sin embargo, España lidera la tasa de paro de los Veintisiete, un 12,6%. "Lo que se quiere es mano de obra barata que expulse definitivamente del mercado laboral a gran parte de los jóvenes y que facilite mantener las rentabilidades empresariales», advierte el vicepresidente de Acción Política y eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé.
Asaltos fronterizos
Otro de los problemas que puso encima de la mesa Vox hace referencia al uso por parte de algunos estados de los inmigrantes. Así, Marruecos, por ejemplo, ha presionado a España para conseguir fondos mediante oleadas de ilegales.
Así ocurrió con el asalto a Ceuta de mayo de 2021, que se ha repetido en Ceuta y Melilla en 2022 en varias ocasiones. Por ello, la formación que preside Santiago Abascal pide la imposición de sanciones a los Estados que promuevan oleadas masivas de inmigrantes o las utilicen como arma diplomática y que se ilegalicen todas las entidades que colaboren con la inmigración ilegal. Por el contrario, el Gobierno de coalición (PSOE-Unidas Podemos) ha regado de millones a Marruecos, mientras que lanzaba a su población a invadir la frontera con España. El PP ha sido también cómplice; prueba de ello es el rechazo a la iniciativa de Vox de solicitar sanciones a Marruecos, Argelia y Mauritania como respuesta a las invasiones de ilegales, el pasado mayo, en el Senado, según explica el partido. Buxadé critica que antes de Pedro Sánchez «hubo otros que tampoco fueron capaces ni tuvieron voluntad alguna de proteger las fronteras, la seguridad interior y el orden jurídico nacional».
Y es que «creen que las personas son sujetos intercambiables que se pueden comerciar, trasladar o mover de un lado a otro, sin que tenga consecuencias sociales, políticas, económicas, culturales», asevera.
Barrios seguros
Es precisamente el problema de la integración uno de los que más preocupa a Vox. "En los últimos años, tal y como ha avisando Abascal de forma reiterada, cada vez más barrios se han vuelto inseguros debido a la llegada de inmigrantes que hacen de la delincuencia su modo de vida", indican desde el partido, que dice también que se ha llegado a solicitar a Sánchez, desde la tribuna del Congreso, que «se ponga en la piel de esos padres que verán llegar a sus hijos agredidos y a sus hijas violadas».
Y es que los casos de agresiones han aumentado en los últimos años, "bajo la complicidad de unos medios de comunicación que evitan constantemente dar a conocer la nacionalidad de los agresores", prosigue Vox, que reclama "expulsar de forma inmediata a los inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida, procurando que cumplan las penas en sus países de origen». La pasada semana, de hecho, el Grupo Parlamentario en el Congreso presentó una batería de preguntas sobre las últimas agresiones cometidas por ilegales.
Además, ha reclamado que desde el Gobierno de España se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana y preservar la seguridad nacional del país”. Respecto a los menores extranjeros no acompañados (MENAs), la Agenda España registra el cierre de los centros de estos menores que crean inseguridad en nuestras calles. Porque «todos los menores extranjeros deben ser repatriados con sus padres a sus países de origen de forma inmediata», concluye Vox.
