Vox Melilla ha denunciado la situación de “vulnerabilidad” en la que, según asegura, se encuentra actualmente la Central Térmica de Endesa debido a que los vigilantes encargados de la seguridad del recinto estarían prestando servicio sin armas reglamentarias. La formación señala que la nueva empresa adjudicataria carece todavía de depósito de armas autorizado en la ciudad, pese a tratarse de una instalación catalogada como Infraestructura Crítica.
El secretario general de Vox Melilla, Javier Diego, ha registrado una solicitud de información ante la Delegación del Gobierno para pedir explicaciones sobre cómo se ha permitido el inicio del servicio de vigilancia en estas condiciones. Según expone el partido, la falta de armero autorizado impide que los vigilantes puedan desempeñar sus funciones con el equipamiento exigido por la normativa de protección de infraestructuras críticas.
Diego considera que tanto Endesa como la Administración deben aclarar los plazos previstos para regularizar la situación y cuestiona que una empresa adjudicataria haya comenzado a operar sin contar previamente con la infraestructura necesaria para desarrollar el servicio “con todas las garantías”.
Desde Vox sostienen que la seguridad de una instalación estratégica para el suministro eléctrico de Melilla “no puede quedar condicionada” por retrasos administrativos o problemas organizativos de la empresa adjudicataria. La formación critica además el control realizado sobre las contratas encargadas de la seguridad en instalaciones consideradas sensibles.
Profesión de riesgo
Por otro lado, Vox Melilla también ha reclamado nuevamente el reconocimiento de Guardia Civil y Policía Nacional como profesiones de riesgo. El presidente provincial de la formación, José Miguel Tasende, vinculó esta reivindicación con la muerte reciente de dos guardias civiles durante una persecución a una narcolancha.
Tasende recordó que Vox ya impulsó en el Congreso una iniciativa para otorgar esta consideración a ambos cuerpos y defendió que los agentes desempeñan sus funciones “en condiciones de extrema peligrosidad”, especialmente en ámbitos relacionados con el narcotráfico, el control fronterizo o la lucha contra el crimen organizado.
La formación reclama al Gobierno central que reconozca oficialmente esta catalogación y que refuerce los medios materiales, humanos y jurídicos destinados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
