Vox Melilla ha alzado la voz contra lo que califica como una situación de “abandono y precarización extrema” que afecta a los vigilantes de seguridad privada en la ciudad. Tras mantener una reunión con trabajadores del sector, la formación denuncia condiciones laborales “injustas, abusivas e insostenibles” que, aseguran, amenazan tanto la dignidad de los profesionales como la seguridad de los ciudadanos.
El secretario de Vox en Melilla, Javier Diego, ha advertido que los vigilantes han perdido más del 35% de su poder adquisitivo en los últimos seis años, un desplome “muy superior al de la media nacional”. Esta pérdida económica viene acompañada, según la formación, de “jornadas interminables, turnos en solitario, ausencia de descansos, sueldos indignos y pluses de peligrosidad irrisorios”.
“Estamos hablando de personas que trabajan de noche, en festivos, y durante doce horas seguidas, actuando como primeros intervinientes en situaciones críticas, sin la protección ni el reconocimiento que merecen”, ha señalado Javier Diego.
Vox también denuncia graves irregularidades en la contratación pública. Aseguran que se están utilizando figuras como los “auxiliares de servicio”, que no cuentan con formación homologada, para cubrir servicios de vigilancia en hospitales, centros de menores o eventos públicos. Esta práctica, alertan, permite a las empresas adjudicatarias ahorrar costes a costa de la seguridad.
Otro de los focos de crítica ha sido la vía de habilitación profesional. Según Diego, “solo el 15% de los vigilantes a nivel nacional ha superado los exámenes de la Policía Nacional, permitiéndose que academias privadas expidan habilitaciones previo pago, sin los filtros necesarios”.
Durante el encuentro con el sector, también se denunció la falta de recursos materiales básicos, como desfibriladores en edificios públicos, la inseguridad jurídica en el ejercicio de sus funciones y la desprotección frente a agresiones.
Para Vox Melilla, la actual Ley 5/2014 de Seguridad Privada “está obsoleta, mal aplicada y llena de lagunas”. Por ello, exigen una reforma integral del marco normativo, así como inspecciones reales a las empresas del sector, reconocimiento de la peligrosidad del trabajo y mejoras salariales y laborales.
“La seguridad no puede gestionarse como un negocio low cost. O se protege al profesional y se cumple la ley, o se está jugando con la seguridad de todos”, ha concluido Javier Diego.
El partido ha anunciado que trasladará esta problemática a las instituciones para exigir responsabilidades y defender a un sector que consideran “esencial, explotado y olvidado”.
