El diputado de Vox en la Asamblea de Melilla, José Miguel Tasende, ha calificado de “fraude democrático” la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes en situación irregular anunciada por el Gobierno central el pasado 26 de enero mediante Real Decreto. El representante de la formación ha presentado una moción para rechazar esta medida, al considerar que se ha aprobado sin debate ni votación en el Congreso de los Diputados y que supone un ataque directo al Estado de Derecho.
Tasende ha denunciado que la regularización impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez reproduce políticas migratorias que, a su juicio, han demostrado ser ineficaces durante décadas. Según ha señalado, desde 1985 se han llevado a cabo seis procesos de regularización masiva que han derivado en más de 1,2 millones de autorizaciones, sin que ninguna de ellas haya resuelto el problema de la inmigración ilegal. En su opinión, estas decisiones solo contribuyen a consolidar un “efecto llamada permanente”.
El diputado ha advertido de que la inmigración irregular a gran escala tiene consecuencias directas sobre los servicios públicos, especialmente en territorios con una presión migratoria elevada como Melilla. Entre los efectos que ha enumerado se encuentran la sobrecarga del sistema sanitario, educativo y de seguridad, así como el aumento de la presión sobre el acceso a la vivienda y el gasto público. Todo ello, sostiene, termina afectando a la convivencia vecinal y al equilibrio social.
Uno de los aspectos que Tasende considera más graves es el componente político que, según Vox, subyace a esta regularización. El parlamentario ha hecho referencia a declaraciones públicas de dirigentes del entorno del presidente del Gobierno que, a su entender, evidenciarían una utilización de la inmigración con fines electorales. En este sentido, ha señalado que la regularización podría tener como objetivo alterar el censo electoral, una circunstancia que ha calificado de “extremadamente preocupante” para la calidad democrática del país.
Asimismo, Vox ha rechazado el argumento de que la inmigración masiva sea necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Tasende ha citado informes recientes, como el elaborado por la Fundación Disenso, que concluyen que la inmigración poco cualificada no solo no compensa el déficit estructural del sistema, sino que puede llegar a agravarlo debido al incremento del gasto social.
La moción presentada en la Asamblea de Melilla defiende una política migratoria basada en el respeto estricto a la legalidad vigente. Entre las propuestas que Vox plantea se encuentran la negativa a regularizar a inmigrantes en situación irregular, el impulso de repatriaciones y la adopción de medidas destinadas a eliminar el efecto llamada. La formación insiste en que estas acciones son necesarias para proteger el Estado del Bienestar y garantizar la prioridad nacional en el acceso a los recursos públicos.
La postura de Vox contrasta con la estrategia del Gobierno central, que enmarca la regularización en un contexto europeo marcado por el endurecimiento de las políticas fronterizas en otros países. Desde la formación, sin embargo, se sostiene que esta decisión aísla a España y refuerza dinámicas que, lejos de ordenar los flujos migratorios, los intensifican.
Con esta iniciativa, Vox busca trasladar el debate sobre la política migratoria al ámbito institucional local, subrayando el impacto específico que estas decisiones tienen en Melilla y reclamando un cambio de rumbo en la gestión de la inmigración irregular.
