El ministro Alberto Ruiz-Gallardón justificó la aprobación de las tasas judiciales por la necesidad de repartir el coste económico que supone la Administración de Justicia. También explicó que había que aligerar la carga de trabajo de los tribunales, a los que los ciudadanos recurren con bastante ‘alegría’ para dirimir sus diferencias cuando hay otros procedimientos para solucionar sus pleitos. Las periódicas protestas de jueces y abogados no han hecho cambiar de opinión al titular del Ministerio de Justicia a pesar de la advertencia de que su ‘solución’ se iba a llevar por delante los derechos de muchos ciudadanos con posibilidades económicas limitadas.
De momento no han servido para nada ni las movilizaciones ni los razonamientos. Ahora los contrarios a esa nueva normativa tienen un argumento más personificado en los clientes de Helitt que adquirieron billetes de esa compañía antes de que su presidente, Abel Pizarro, anunciara la interrupción temporal de los vuelos. Hoy, cuando en Melilla se sospecha que el alto en la actividad de la aerolínea puede ser definitivo, los clientes siguen esperando que les devuelvan su dinero. También esperan noticias los trabajadores de la compañía malagueña sobre su futuro laboral, sobre sus indemnizaciones, sobre el ERE que los responsables de la empresa dicen haber tramitado... Los empleados llevarán su caso a los tribunales si no alcanzan un acuerdo con la compañía porque ésta les adeuda unos 4.000 euros a cada uno de ellos y les compensa el pago de las tasas, si tienen que abonarlas. El caso de los clientes es distinto. Ellos primero han pagado por unos billetes con los que no han podido volar y ahora tienen que volver a pagar una suma igual o superior para recuperar un dinero que es suyo. Ante el comportamiento de Helitt y la decisión del ministro Ruiz-Gallardón, ellos sólo tienen la posibilidad de elegir quién se queda con su dinero.
