La huelga de los funcionarios de Justicia en Melilla ha provocado la suspensión de alrededor de 150 juicios y la paralización de unos 1.400 expedientes desde que comenzaron las movilizaciones en el mes de mayo, según cálculos del presidente del sector de CSIF en la ciudad autónoma, Ángel Castillo.
Ese es el resultado que dejan varios días de inactividad entre los alrededor de 200 personas contando con los letrados, que son 14, y sin incluir en las movilizaciones a los jueces y a los fiscales.
No obstante, Castillo ha advertido de que hay que tener en cuenta también que, al llevarse a cabo sólo los servicios esenciales, o mínimos, muchas citaciones están paralizadas y directamente no se pueden practicar las actuaciones en el juzgado.
Tras los parones de los días los próximos días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo, el día 22 empezaron una huelga en la que el seguimiento en la ciudad se encuentra entre el 10 y el 15 por ciento. Castillo ha reconocido que “en Melilla siempre ha sido difícil arrastrar a los compañeros a una huelga”, sobre todo cuando son “tantos días”, pero ha contrapuesto que en la península sí que hay un alto seguimiento en algunas comunidades autónomas como Andalucía o Asturias, caso este último donde ha llegado a ser algunos días del 80 ó 90 por ciento. “Hay otros territorios donde sí la están siguiendo bastante”, ha incidido al respecto.
Efectivamente, a nivel nacional hay, según Castillo, en torno a 800.000 juicios suspendidos y más de cuatro millones de actuaciones paralizadas desde el pasado día 6 de mayo.
De hecho, cuatro funcionarios que conforman el comité de huelga se llegaron a encerrar el pasado martes, día 6 de junio, en la sede del Ministerio de Justicia ante la falta de voluntad de negociación de los responsables del organismo, que proponía el fin del conflicto “a cambio de nada”, según un comunicado hecho público por CSIF, CCOO, UGT y STAJ el día después del encierro.
Este encierro terminó el viernes, no sin que antes un equipo del Samur tuviera que intervenir para auxiliar a uno de los manifestantes encerrados en la sede ministerial, ya que se había encontrado indispuesto.
Denuncia contra la ministra
Ese día se presentó una denuncia contra Pilar Llop, la ministra de Justicia, por parte de los funcionarios que intentan forzar el acuerdo para justificar el tiempo que llevan realizando las movilizaciones durante casi dos meses, primero con paros y posteriormente con la huelga indefinida.
Y es que, tal como manifiestan estos sindicatos, “la razón principal del enquistamiento de este conflicto tiene mucho que ver con las personas responsables y su capacidad, voluntad y profesionalidad, que no es la que se espera de los máximos responsables del Ministerio”.
El secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, ha instado a continuar las conversaciones después del 23 de julio, día en que se celebran las elecciones generales, y a falta de ver quién estará en el Gobierno entonces.
De momento, tal como lamenta Castillo, el problema es que “no hay un interlocutor válido” por parte del Ministerio para negociar la paralización, primero, y la modificación, después, de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, que suponía “una merma” en muchos de los derechos laborales del colectivo, que ahora habrá de esperar a que se forme el nuevo Gobierno, si bien, de momento, han conseguido la paralización de la ley.
Reconocer sus funciones
Los funcionarios de Justicia quieren que se les reconozcan las funciones que llevan a cabo desde siempre, “muchas de las cuales corresponden realmente a los letrados, que solamente tienen que estampar su firma”, dice Castillo.
No es que estos funcionarios se nieguen a hacerlas, pero quieren que estas funciones les sean recompensadas económicamente, igual que sucedió con los secretarios o letrados judiciales, quienes también estuvieron realizando movilizaciones, o con los jueces y fiscales, quienes ni siquiera tuvieron que hacerlas.
“Eso es lo que también nos mueve y nos cabrea, porque estamos ante un Gobierno elitista que está abandonando a 45.000 funcionarios que realmente llevamos el 93% del peso del trabajo de la Administración de Justicia”, ha afirmado el representante de CSIF, quien, a pesar de todo, ha adelantado que, por el momento, no tienen prevista ninguna otra movilización en Melilla, aunque “no se descartan”.
En este sentido, lo que sí han dejado claro los sindicatos es que la responsabilidad de todo lo que está ocurriendo es sólo del Gobierno, que ha provocado “desequilibrios, desorden y caos en una Administración de Justicia que ya no aguanta más”, por lo que el comité de huelga seguirá convocando los actos que consideren necesarios para lograr sus reivindicaciones.
Además, confían en que “habrá un antes y un después de este conflicto” y en que nunca los funcionarios de Justicia volverán a realizar actuaciones que no les corresponden. “Fracasarán todos los modelos hasta que se reconozcan negro sobre blanco las funciones que efectivamente realizamos cada día y nos sean retribuidas”, concluyen los sindicatos que forman parte del comité de huelga, que, al mismo tiempo, recuerdan al Ministerio de Justicia, en particular, y al Gobierno central, de una manera más genérica, que “la indignación del personal es enorme”.
