Alrededor de 25 funcionarios de Justicia se han vuelto a concentrar este jueves junto a los juzgados de Melilla para pedir la paralización, primero, y la negociación, después, de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, que, según el presidente del sector de Justicia de CSIF en la ciudad autónoma, Ángel Castillo, “pone en riesgo puestos de trabajo, destinos, movilidad voluntaria, retribuciones y funciones concretas”.
De la misma forma, los funcionarios reclaman el reconocimiento y la clarificación de las funciones que realizan tanto en los cuerpos generales como los especiales. En cuanto a las retribuciones, las demandas van desde los 430 euros para los médicos forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses hasta los 350 para el cuerpo de auxilio judicial, pasando por 400 euros para el cuerpo de gestión y técnicos especialistas en laboratorio y 375 euros para el cuerpo de tramitación y ayudantes de laboratorio.
Castillo ha afirmado que están “hartos de ser los paganos de la Justicia” y ha recordado que son los funcionarios los que ponen en marcha día a día los juzgados. El dirigente de CSIF ha añadido que a este colectivo, formado por “los gestores, los tramitadores, los auxilios, los médicos forenses y técnicos y auxiliares de los institutos de medicina legal”, no lo van a callar. Es más, ha indicado que, si el Gobierno central no pone sobre la mesa “una propuesta económica adecuada”, no pararán y “las movilizaciones continuarán con más contundencia, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos”.
En este sentido, Castillo ha asegurado que, tanto en Melilla como en el resto del país, “ha habido una gran cantidad de funcionarios que han dejado de trabajar” y ha cifrado en más de cuatro millones los expedientes paralizados y en decenas de miles los juicios suspendidos, antes de preguntarse hasta cuándo pretende la ministra de Justicia, Pilar Llop, “tensar la cuerda”.
Por el momento, los próximos días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo continuarán con la huelga para decirle “alto y claro” a la ministra que con ellos “no se juega” ni se les “ningunea”, ha dicho Castillo. “No somos funcionarios de segunda”, ha añadido, antes de lamentar que, aunque a ellos se les dijo que no había dinero, los letrados ya consiguieron un incremento mensual de 430 a 450 euros y el miércoles por la noche supieron que en la reunión con jueces y fiscales se habían puesto sobre la mesa más de 44 millones de euros.
“No nos van a parar y seguiremos con las movilizaciones”, ha rematado el representante de CSIF, sindicato que no descarta una huelga indefinida si el Gobierno no presenta a los funcionarios una oferta económica como a los letrados, los jueces y los fiscales.
Posibilidad de huelga
De hecho, según ha informado Efe, los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT, convocantes de los paros de funcionarios en la administración de Justicia, han acusado este jueves de "clasismo" al Ministerio y han amenazado con una huelga indefinida si no reciben una oferta económica como la firmada con los letrados y la planteada a jueces y fiscales.
"En el Ministerio de Justicia las políticas de personal y retributivas se desarrollan con absoluto clasismo", ha afirmado a los medios durante una protesta frente al Ministerio Luis Calero, representante de CCOO, que se ha referido al paquete de 44,5 millones de euros que el miércoles ofreció el Gobierno a las asociaciones judiciales y fiscales.
En su opinión, aunque la Justicia se desarrolla en equipo, "solo a una pequeña parte del colectivo, precisamente la más privilegiada" se le reconocen sus funciones y se les retribuye por ellas.
Las reclamaciones de estos trabajadores "supondrían unos 200 millones de euros anuales" entre los 45.000 funcionarios de la administración de Justicia, para los que piden subidas mensuales de entre 350 y 430 euros brutos, en función de la categoría profesional.
También los varios centenares de trabajadores de los juzgados y tribunales de la Comunidad de Madrid que se han manifestado frente al Ministerio han reprochado esta "discriminación" al departamento que dirige Pilar Llop: "Gobierno progresista, Justicia clasista", han coreado.
"Sería una buena noticia que se llegara una solución con los jueces y sería una excelente noticia que se pusieron a negociar con los sindicatos de los trabajadores y se llegara una solución de este conflicto también", ha señalado Antonio Lozano, portavoz de UGT.
Al hilo, Javier Jordán, presidente de Justicia de CSIF, el sindicato mayoritario en este sector, ha afeado a Llop que hiciera "una aparición" en la reunión del miércoles con jueces y fiscales y no esté dialogando con ellos, sin una nueva reunión a la vista.
"Menos palabras y más hechos, le diría yo a la ministra. Menos fiestas y menos viajes y más estar aquí resolviendo este conflicto", ha instado Jordán, quien ha confirmado que, si siguen sin recibir la oferta que piden, el día 16 los sindicatos presentarán "un escrito a Presidencia pidiendo el cese" de Llop.
Los 45.000 funcionarios de los cuerpos generales y especiales de la administración de Justicia, el 93 % de la plantilla de juzgados y tribunales, están llamados a movilizaciones desde el pasado 17 de abril para exigir "una subida salarial digna en línea con las funciones que realizan a diario".
Tras mantener al principio paros parciales diarios de tres horas, la semana pasada endurecieron sus medidas de presión y convocaron varias huelgas generales de 24 horas como la de este jueves, que se repetirán los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo y se convertirán en una huelga indefinida si no hay una oferta económica por parte del Gobierno.
Según los sindicatos, el seguimiento diario es de entre el 85 y el 90 %. En concreto, este jueves han hablado de un "parón total en la administración de Justicia" con un 90 % de seguimiento, los juzgados "completamente vacíos" y sin "actividad judicial en absoluto más allá de los servicios esenciales".
Justicia, por su parte, cifra el apoyo en el 28,50 % en las comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias y dependen del Ministerio: Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Ceuta y Melilla.
Ante el impacto de los paros, el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha pedido a los representantes de los sindicatos en un reunión esta mañana que se garantice la atención de las causas especialmente vulnerables y que se avise de las suspensiones de señalamientos y otros actos procesales.
Además de sus reclamaciones retributivas, los sindicatos exigen que se negocie con ellos la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, hecha "a espaldas de los representantes sindicales de los trabajadores", ha denunciado José Luis Fernández, de STAJ.
