Los sindicatos convocantes de los paros en la administración de Justicia, CSIF, STAJ, CCOO y UGT, han avisado este miércoles en una concentración frente al departamento que dirige Pilar Llop de que aún se puede evitar su huelga indefinida a partir del lunes si reciben una oferta económica, como ha ocurrido en la Seguridad Social.
"No se comprende que en un mismo Gobierno se aborden los conflictos de una forma, en el caso de la Seguridad Social, y de otra en el Ministerio de Justicia. Y menos aún se comprende este alarde de clasismo que consiste en negociar solo con los colectivos más privilegiados de una misma administración", ha reprochado el representante de CCOO, Luis Calero, en declaraciones a los medios durante una nueva jornada de huelga general.
Calero se ha referido así al acuerdo firmado el martes entre el Ministerio de Inclusión y los sindicatos CCOO y CSIF, que conlleva la desconvocatoria de la huelga anunciada desde la próxima semana, y ha pedido a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que emule a su colega José Luis Escrivá.
"Estamos dispuestos a negociar mañana y tarde, día y noche", ha añadido el portavoz de CCOO, un mes después de que empezaran las movilizaciones.
En la misma línea se ha pronunciado Javier Jordán, responsable de Justicia de CSIF, sindicato mayoritario en este sector, quien ha acusado al Gobierno de los perjuicios a la ciudadanía: "Tenemos un gobierno sordo (...) que ni se inmuta ante las decenas de miles de juicios que se están suspendiendo y aplazando para dentro de dos años", ha dicho.
Jordán ha aludido a unos comentarios que el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, hizo a varios de sus compañeros, a quienes aseguró que se les convocaría una vez solucionado el conflicto con jueces y fiscales.
Según el representante de CSIF, las negociaciones de ambos colectivos "podrían funcionar perfectamente en paralelo", teniendo en cuenta que la administración de Justicia está "reventada".
Los sindicatos, que dicen estar "hartos de promesas" y de "palabras", exigen una "propuesta económica suficiente encima de la mesa", así como una "negociación real y efectiva" del contenido de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que incluya la "clarificación" y la "redistribución" de sus funciones, que ahora mismo superan las establecidas por la legislación, según Jordán.
En concreto, piden subidas de entre 350 y 430 euros brutos mensuales.
En una nueva concentración de alrededor de un centenar de funcionarios frente al Ministerio de Justicia, los sindicatos han instado al Ejecutivo a demostrar "de verdad que es un Gobierno socialista, progresista y que defiende a los trabajadores".
Según los convocantes, los paros puntuales de 24 horas, que el próximo lunes se convertirán en huelga indefinida, superan el 90% de seguimiento, mientras que el Ministerio cifró el apoyo del martes -última jornada con datos- en el 20,48 % en las comunidades autónomas que no tienen transferida la competencia de Justicia: Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Ceuta y Melilla.
En la Comunidad de Madrid se ha suspendido este miércoles uno de cada tres juicios, según datos del Colegio de Abogados (ICAM). Uno de los procesos afectados esta mañana ha sido el denominado caso cuarteles.
