Ayer se celebraron 26 años del Estatuto de Autonomía de Melilla, un texto que durante estos años ha servido para el desarrollo de la ciudad pero que a día de hoy se ha quedado corto.
Los cuatro principales partidos de la ciudad coinciden en que es necesario una reforma de la norma que marca las tareas y cometidos de la Administración de Melilla y su relación con el Estado y el resto de regiones del país.
Ya sea una reforma de calado o de mínimos, lo cierto es que hace falta que los representantes políticos se animen de una vez a abordar la tarea. Es necesario que se sienten y hablen sobre qué es lo que queremos que sea Melilla.
Por el momento, la ciudad se encuentra entre dos aguas, a medio camino entre un ente local, un mero ayuntamiento, y una Comunidad Autónoma, una situación que no es la ideal para la gestión de un territorio con las peculiaridades geográficas y económicas como el nuestro. Además, en algunos casos no queda claro cual es el régimen legal que debe regir la ciudad, como han demostrado algunas sentencias del Tribunal Supremo que revocaban decisiones del Gobierno local. Esta inseguridad jurídica se transforma en dificultades para nuestros representantes a la hora de diseñar y poner en práctica políticas acordes a las necesidades reales de nuestra ciudad, lo que se traduce en un perjuicio para los ciudadanos.
Los partidos deben dar un paso al frente y no tener miedo a abrir el melón de la reforma estatutaria, Melilla necesita avanzar y un nuevo Estatuto de Autonomía, actualizado a los retos que plantea el siglo XXI, se antoja como indispensable.
