La patrullera marroquí encallada en el Dique Sur, donde había una profundidad de apenas 2 metros, fue la gran noticia de ayer en Melilla, fundamentalmente porque todo el mundo se preguntaba qué hacía esa embarcación en aguas prácticamente melillenses sin que hubiera forma de explicar la situación. Lo que parece es que se le abrió una vía de agua importante y quedó sin gobierno hasta pegar prácticamente contra las rocas. Decenas de curiosos se acercaron a contemplar la escena de cómo se trabajaba para sacar la patrullera del lugar donde había quedado varada.
Decían esas personas que eran operarios marroquíes con chalecos reflectantes naranjas los que se encargaban de los trabajos de rescate de la embarcación en presencia de salvamento marítimo y el práctico del puerto local. Según la Delegación del Gobierno, las autoridades del vecino país habían pedido ayuda a España pero todo indica que, al final, no permitieron su intervención, que debía ser coordinada por el capitán marítimo de la ciudad.
El caso es que era todo un espectáculo y durante horas, además, el puerto de Nador quedó paralizado porque los barcos no podían operar para poder entrar en el recinto, si bien en ningún caso afectó a las conexiones marítimas de Melilla.
Y mientras eso ocurría, la portavoz del Gobierno de Imbroda, Fadela Mohatar, daba a conocer un dato muy revelador acerca de los criterios que aplica el Estado español con respecto a los intereses de los melillenses. Resulta que el barco que haga las rutas entre el puerto local y los peninsulares de Málaga, Almería y Motril tendrán que pagar 2 millones de euros anuales en concepto de tasa verde. Es decir, tanto Armas Trasmediterránea como Baleària tendrán que hacer frente a ese pago como consecuencia de la emisión de CO2.
Sin embargo, los buques que realicen la travesía Almería-Nador no están obligados a satisfacer semejante impuesto, lo cual crea un importante agravio comparativo que, además, afecta muy directamente a las conexiones marítimas de Melilla si tenemos en cuenta que, por culpa de esa tasa verde, las navieras han decidido retirarse de aquellos trayectos para los que no tengan un contrato público con el Ministerio de Transporte. O sea, que al final siempre los perjudicados son los ciudadanos melillenses, que se quedan con un único barco para Málaga y otro exclusivamente para Motril y Almería.
Decía Fadela Mohatar que el grupo parlamentario del PP ya ha registrado la correspondiente moción para pedir que se deje de aplicar la tasa verde en las líneas marítimas de Melilla. Las razones para solicitarlo son poderosas, pero es de esperar que la iniciativa popular no tenga mayor respaldo y que el Gobierno de Pedro Sánchez siga concediéndole a Marruecos lo que niega a nuestra ciudad.
Salvando las distancias, podríamos decir que es lo mismo que el régimen de viajeros: desde el vecino país puede entrar por la frontera mercancía hasta 10 kilos de peso pero en sentido contrario no se deja llevar ni un botellín de agua, mientras el Ejecutivo español sigue mirando a otro lado sin atender a las demandas que le formulan ya no solo otros grupos políticos distintos al PSOE, sino comerciantes y empresarios.
