Las últimas noticias conocidas ayer apuntan a que ya son 33 las personas detenidas dentro de la operación Santiago-Rusadir, muchas de las cuales, no menos de 20, están en la calle con medidas cautelares mientras continúan en prisión los cinco cepemistas más relevantes en toda esta investigación judicial: Mustafa Aberchán, Dunia Almansouri, Rachid Bussian, Hassan Mohatar y Mohamed Ahmed Al-Lal. Sólo ver el número de arrestados podemos empezar a formarnos una idea de la gravedad de la situación y del volumen de esas diligencias judiciales, declaradas secretas, que están en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de nuestra ciudad.
Muchos de esos detenidos son empresarios, algunos con varias empresas a su nombre o participadas, que fueron beneficados por cientos de contratos menores, que son los que no tienen publicidad ni necesitan más que una decisión del consejero de turno con el visto bueno de técnicos, esos funcionarios de alto nivel que ocupan secretarías técnicas y direcciones generales, a los que se presupone una preparación profesional lo suficientemente importante como para ejercer el control de los expedientes administrativos y el gasto de los dineros públicos.
Aquí lo que parece es que no sólo ha habido una supuesta mala gestión de los gobernantes de CpM sino que también se aprecia cierta y presunta actitud negligente por parte de algunos funcionarios, varios de los cuales también forman parte de esos 33 detenidos. La bola de nieve en torno a esta investigación no hace más que crecer y fuentes cercanas al caso no dejan de repetir una y otra vez que estamos solo en el primer capítulo de lo que parece el gran culebrón en el que se asienta la supuesta trama de la compra del voto cuyo objetivo era beneficiar los intereses de los cepemistas de cara a las elecciones de mayo pasado.
Para construir esa trama, era necesario llevar a cabo una serie de operaciones con el dinero público que, en la práctica, tienen el nombre de delitos de organización criminal, fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de fondos. Y eso es lo que CpM quiere tapar haciendo creer a su parroquia que todo esto no es más que una cuestión racista de acoso y derribo de una organización "incómoda" por ocuparse de los más pobres.
Además, en estos días, un periódico digital, concretamente Ok Diario, ha asegurado que dispone de una serie de mensajes de whatsapp que evidenciarían que el PSOE conocía lo que estaba pasando. Se ha preguntado por ello a la secretaria general del partido, Gloria Rojas, y no ha querido contestar. Tampoco lo ha hecho la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, cuyo nombre saldría según esa publicación en los citados whatsapp. Ni una ni otra han soltado prenda. Rojas se ha limitado a anunciar una querella contra el presidente Imbroda, quien afirmó que los socialistas sabían lo que estaba pasando en el Gobierno con CpM y no actuó. Misma responsabilidad achaca a su antecesor en el cargo, Eduardo de Castro, que se limitó a comentar en Onda Cero que él no se había llevado un euro de fondos públicos, como si eso le eximiera de poder ser un presunto cooperador necesario para las actividades cepemistas.
Por todo estos y otros muchos argumentos que se irán desgranando con el tiempo, esa investigación judicial se hace más que necesaria; resulta imprescindible. Los melillenses merecemos saber qué ocurrió, cómo y quiénes son los responsables. La ciudad debe saber que la justicia actúa con contundencia y que la principal institución de Melilla, como es la Asamblea, está limpia de cualquier corrupción.
Es lo que tiene la falta de experiencia