EL año y medio de pesquisas desarrolladas por cuatro agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil dirigidos por el comandante de Operaciones Arturo Ortega no tendrán ningún efecto penal. Entre los 31 imputados por su supuesta relación con una red de compra-venta de niños hay personas que ya han fallecido y otras de avanzada edad. “Ya poco se puede hacer”, reconocía ayer el comandante Ortega a El Faro. En esta ocasión los presuntos delincuentes han evitado las penas que les habrían correspondido de haber sido encontrados culpables. Sin embargo, sí se podrá hacer Justicia con las víctimas. Los pequeños que fueron entregados por sus madres y el único que fue arrebatado a su progenitora tendrán ocasión de conocer ahora, ya adultos, cómo fue ese primer episodio de su vida. Algunas de estas personas, cuya existencia tuvo un comienzo tan intrincado, ni siquiera sabían que habían sido adoptadas. Y ninguna sospechaba que al venir al mundo hubiera caído en las garras de una banda dedicada al tráfico de niños.
Estos ciudadanos, que como el resto tienen derecho a saber cuáles son sus orígenes, están ahora en posición de plantear a sus supuestos progenitores preguntas que hasta hoy no habrían pasado nunca por su cabeza.
Al resto de la sociedad y, en especial a los responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, estos hechos nos servirán para analizar qué se hizo mal en aquellos convulsos años de entre finales de los 70 y mediados de los 80. Sólo así, tratando de saber cuáles fueron los errores y comprobando cuáles pueden aún repetirse, podremos evitar más sucesos de esta clase en los que las víctimas están totalmente indefensas. Nunca es una pérdida de tiempo conocer la verdad, aunque ésta no sirva para castigar a los culpables de un despreciable delito; en este caso, la compraventa de niños.
