De acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional de 2022, presentado recientemente en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, “el nivel de la amenaza que presentan las organizaciones terroristas ETA, Resistencia Gallega y PCE(r)-GRAPO es residual, ya que la eficaz labor policial, judicial y del CNI ha propiciado la práctica desarticulación policial de todas ellas”. “No obstante”, continúa el informe, “las consecuencias de la actividad de ETA se mantienen, con numerosos atentados sin esclarecer, la existencia de miembros de la organización terrorista con causas pendientes con la Justicia española que residen en otros países y el hallazgo de depósitos de ETA, de cuya localización, la organización terrorista no dio detalles en abril de 2017, cuando comunicó la ubicación concreta de ocho depósitos de armas. Sus organizaciones satélites canalizan su estrategia en lo que denominan “batalla por el relato”, tratando de imponer su versión sobre la violencia y deslegitimar el Estado de Derecho.” El Informe es elaborado, anualmente, por el Departamento de Seguridad Nacional, dependiente de la Presidencia del Gobierno, por lo que recoge la impresión oficial del Gobierno sobre las amenazas que se ciernen sobre España y a las que se debe prestar atención. Por otra parte, en el mismo año 2022, se promulgó la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, cuya disposición adicional decimosexta señala que “el Gobierno designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas”. Esta disposición adicional procede del trámite parlamentario de la Ley como un requisito demandado por EH-Bildu y aceptado por el Partido Socialista Obrero Español. Parece evidente que este requisito se inscribe en aquella “batalla por el relato, tratando de imponer su versión sobre la violencia y deslegitimar el Estado de Derecho” en la que el Informe de Seguridad Nacional, más arriba citado, estima que canalizan su estrategia lo que denomina “organizaciones satélites de ETA”. De hecho, tras aprobarse la Ley, la portavoz de EH-Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, aseguró que se había abierto «un camino para poner en jaque el relato de la Transición» Sorprende, o no, esta cooperación del partido que sustenta al Gobierno con lo que el Gobierno considera una amenaza para la seguridad nacional. De hecho, durante el Consejo de Ministros del pasado 23 de abril, el Gobierno aprobó la creación de la “Comisión para el estudio de los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia”, cuyo objetivo es elaborar un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas. Aunque “entre las eventuales víctimas de tales vulneraciones, en ningún caso se incluirán las personas vinculadas a una organización o grupo terrorista, o que realizaron actos con la finalidad de subvertir el orden constitucional, suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, alterar gravemente la paz pública o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella”, no cabe duda de la intención de vincular y de paso justificar la motivación de la actividad terrorista sobre la base de estas presuntas vulneraciones de los derechos humanos a determinadas personas, nuevamente inscrita sobre aquella “batalla por el relato, tratando de imponer su versión sobre la violencia y deslegitimar el Estado de Derecho”. Tras el peculiar período de reflexión de cinco días, que se otorgó el presidente del Gobierno, salió del mismo afirmando públicamente que él también había sido víctima de lawfare, si bien lo que definió como tal fue el hecho de haber sido presuntamente objeto de vigilancia policial por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado cuando él se encontraba en la oposición. Esta declaración de haber sido, presuntamente, víctima de vigilancia ilegal, se parece, en mi opinión, como dos gotas de agua, a la que hiciera de haber sido víctima de espionaje con el sistema Pegasus cuando el Gobierno español fue acusado de hacer lo propio con determinados líderes independentistas catalanes. En todo caso, en ambas declaraciones se incluye la asunción de un relato que deslegitima el Estado de Derecho en nuestra nación. Durante la tramitación de la proposición de Ley Orgánica de Amnistía, tanto en el Congreso como en el Senado, proliferan las acusaciones de lawfare o actuaciones judiciales presuntamente realizadas por motivaciones ajenas a criterios propiamente jurídicos. El Gobierno, que se ha avenido a promover esta Ley con la finalidad de obtener los siete votos de Junts en el proceso de investidura de Pedro Sánchez, no desmiente categóricamente estas acusaciones de lawfare en nuestro país y consecuentemente la deslegitimación del Estado de Derecho en el mismo. Si acaso, responsabiliza de ello al Gobierno que tuvo que hacer frente al desafío unilateral independentista, contribuyendo, con ello, a la misma deslegitimación. Confiando en no ser acusado de promovedor de bulos ni de generador de fango, categorías con las que el actual Gobierno pretende que no se emita opinión alguna sobre los hechos que protagoniza y de los que somos testigos, tengo la desagradable certeza de que, según las percepciones que el Gobierno de España tiene de las amenazas que se ciernen sobre la seguridad de nuestra nación, formuladas en la Estrategia de Seguridad Nacional y en los sucesivos informes que se formulan sobre su evolución, el propio Gobierno de España promueve o respalda actuaciones políticas que constituyen lo que él mismo describe como una amenaza para la seguridad nacional.