EL ministro del Interior puso ayer nombre al protocolo que lleva meses reclamando la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Se llamará “estatuto jurídico seguro”.
Fernández Díaz se refirió con esos términos al documento para no compartir el mismo sustantivo con los agentes de la Benemérita.
Sí utilizó la palabra “protocolo” el Defensor del Pueblo en 2005. En aquella época esa institución estaba dirigida por el socialista Enrique Múgica. Durante una de sus intervenciones en el Congreso, expuso al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (compañero ideológico) la necesidad de un protocolo de intervención para los agentes de los Cuerpos de Seguridad adaptado a la estructura del perímetro fronterizo. Fue en el año en que se produjeron los primeros asaltos masivos a la valla. Entonces el mismo PSOE que hoy reclama un documento similar al Ejecutivo del PP desatendió la sugerencia del Defensor del Pueblo. La diputada de CpM Dunia Al Mansouri recordó ayer este episodio de la reciente historia política local y nacional. Sin embargo, se olvidó de señalar que durante el tiempo que su formación política estuvo apoyando al Ejecutivo del presidente Zapatero, en ningún comento consideró necesario insistir ante el ministro socialista para que redactara el dichoso documento.
Ahora, el ‘heredero’ popular de la cartera de Interior finalmente ha dado a entender que está dispuesto a coger papel y bolígrafo para ponerse a escribir. Sin embargo, no redactará sólo un “protocolo” o “estatuto jurídico seguro”. La intención de Fernández Díaz, según adelantó ayer, es ‘envolver’ su escrito con un pacto de Estado sobre inmigración que ofrecerá al PSOE. De este modo, pretende lanzar la pelota al tejado del PSOE: Si quiere el “protocolo” que no dio a la Guardia Civil cuando Zapatero estuvo en el Gobierno, tendrá que firmar también el pacto de Estado. Y si los socialistas rechazan el ‘trágala’, desviará hacia ellos las cada vez más insistentes reclamaciones de los agentes de la Benemérita. El objetivo evidente de los populares es dar, de una manera u otra, ‘carpetazo’ político al asunto de la inmigración.
Y por si no había quedado patente que la inmigración ilegal es un tema policial que no se termina de resolver debido a intereses políticos, el ministro Fernández Díaz reconoce que no será posible alcanzar un acuerdo con el PSOE antes del 25 de mayo. Una vez recogida la cosecha de votos y hecho el recuento de la Elecciones Europeas, considera que se volverán a dar las condiciones para que populares y socialistas se sienten a la mesa de negociaciones.
Es una partida de ajedrez. El Gobierno juega con blancas y el principal partido de la oposición con negras. Guardias civiles e inmigrantes son simples piezas que unos y otros desplazan por el tablero guiados por meros intereses partidistas. Así viene siendo durante casi diez años, aunque quienes hoy atacan antes optaron por la estrategia del enroque.
