El viceconsejero de Medio Ambiente, Guillermo Merino, presentó ayer su dimisión del cargo que ocupa en el Gobierno melillense tras tener conocimiento –según dijo el pasado viernes– de su imputación en un supuesto delito de falsedad en documento público, al parecer contra la Escuela de Buceo Alborany y por el que tendrá que declarar en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Melilla el próximo 8 de junio.
Merino presentó su dimisión al presidente del Ejecutivo, Juan José Imbroda, y posteriormente explicó a los medios de comunicación la causa de su postura, que según dijo, “es la forma más limpia para defenderse” y además, porque en este proceso “no quiero que se manche el buen nombre del Gobierno melillense y de mis compañeros”.
Al margen de su inocencia o culpabilidad, que tendrá que solventar la Justicia, la decisión le honra. Primero por desvincular un tema personal del Gobierno de la Ciudad y segundo, por ser fiel a lo que él ha reclamado en otras ocasiones a políticos de la oposición.
Sin embargo, aunque con su gesto quiera que este asunto no sea utilizado contra el nombre de la Ciudad, evidentemente va a ser difícil; su condición de político y representante del Gobierno llevan aparejado este hecho.
Y como muestra un botón, pues ayer mismo, nada más conocerse su dimisión, Populares en Libertad ya reclamaba a Imbroda que diera explicaciones.
