La Ciudad quiere que el antiguo cuartel de la Policía Local se reconvierta en una nueva residencia de estudiantes. Lo anunció el consejero de Fomento, Miguel Marín, en el Pleno de la Asamblea de este mes de marzo, en el que se aprobó la licitación de la iniciativa. Es más, Marín aseguró que el Gobierno local no destinará fondos al proyecto, ya que lo asumirá la empresa concesionaria, y apuntó que Melilla podrá así ampliar la oferta de alojamiento para universitarios y crear un aparcamiento público en la zona.
Pues dicho y hecho, porque la Consejería de Economía ya ha sacado a concurso el proyecto de esta residencia, de manera que las empresas interesadas en la adjudicación, construcción y posterior gestión de este nuevo espacio disponen hasta el 19 de junio para presentar sus ofertas. A partir de ahí se analizarán todas las propuestas y la mesa de contratación decidirá al respecto.
Este plan de edificación incluye además la construcción de un aparcamiento público subterráneo, por el que la Ciudad “satisfará un máximo de un millón de euros”, según reza la memoria a la que ha tenido acceso este periódico. El resto de la inversión lo asume, por su cuenta y riesgo, la empresa que se quede con la concesión de la residencia.
La duda a despejar es si este proyecto es rentable económicamente para la entidad que se encargue de la gestión o no. A tenor de los números y el estudio económico que se ha realizado, la realidad es que sí. De hecho, el informe en cuestión expone que desde que la residencia de estudiantes entre en funcionamiento, la gestora del centro ingresará una media anual de 1,69 millones de euros. Si a esa cantidad se le restan los gastos de explotación, el beneficio anual rondaría los 1,1 millones.
Con estos ingresos, y teniendo en cuenta que la explotación se cede por 40 años (el máximo permitido), el beneficio estimado por los redactores del documento asciende a 42,5 millones de euros una vez descontados los gastos que tendrá la empresa y los costes añadido durante las cuatro décadas que asuma el control del inmueble. A priori, el proyecto puede parecer un buen negocio, si bien habrá que esperar a mediados del mes de junio para ver cuántas entidades están dispuestas a asumir el riesgo de la inversión, sobre todo por el volumen que se necesita para su puesta en marcha, ya que solo el coste de la edificación supera los 12,8 millones de euros.
Una infraestructura estratégica para la ciudad
Lo que también se deduce del informe redactado por la Ciudad es que la nueva residencia de estudiantes es una infraestructura estratégica que no solo busca dar cobijo a los alumnos que llegan de fuera, sino que pretende actuar como motor de reactivación económica y social para Melilla.
Así, durante los 30 meses que durarán las obras se espera una inyección directa en el sector de la construcción local por la contratación de un volumen importante de operarios, técnicos y empresas auxiliares. Una vez abierta, la residencia generará empleo estable en personal de recepción, limpieza, mantenimiento, cocina y seguridad. A ello hay que sumar que 225 jóvenes viviendo en la zona generarán consumo. Como indica la memoria, “la presencia de estudiantes que desarrollan sus actividades diarias repercutirá de forma positiva en la ciudad y, principalmente, en los establecimientos situados en el entorno de la residencia”.
Para justificar esta intervención, los documentos que maneja el Gobierno local indican que Melilla lleva años experimentando un crecimiento de su campus universitario. Como consecuencia, la demanda de estudiantes matriculados en grados de la Universidad de Granada (UGR) que no residen en la ciudad ha crecido más de un 17% en los últimos cursos.
El inconveniente que esa realidad genera es que la infraestructura actual para acoger al alumnado se ha quedado pequeña ante la demanda existente. De hecho, “actualmente solo existe una residencia en Melilla que acoge, de forma indistinta, a estudiantes y deportistas. Fue creada en 1997 y su capacidad es de apenas 93 personas”, señala el informe técnico.
Un inmueble con 171 habitaciones
Al igual que ocurre en otras ciudades, la falta de plazas de residencia para estudiantes desemboca en una presión sobre el mercado del alquiler tradicional. El alumnado se ven obligado a acudir al arrendamiento de viviendas particulares, lo que dispara los precios.
El estudio de viabilidad prevé un edificio moderno, adaptado a las necesidades del estudiantado. El objetivo es crear un espacio que no sea solo un dormitorio, sino un centro de convivencia y vida. La propuesta original pasa por una oferta de 135 habitaciones individuales, a las que se suman 18 dobles y otras 18 triples, lo que suma un global de 171 habitaciones en la nueva residencia y 225 plazas. En cumplimiento con la normativa de accesibilidad, el complejo contará con ocho plazas totalmente adaptadas para personas con movilidad reducida.
Las habitaciones estarán equipadas con infraestructuras de voz y datos de última generación, zonas de estudio integradas y servicios de aseo independientes, buscando la “flexibilidad de funcionamiento” que demanda el alumnado actual. Además, el proyecto incluye la construcción de un aparcamiento bajo rasante, clave para no saturar el estacionamiento en la zona de General Astilleros.
En cualquier caso, la pelota está ahora en el tejado de las constructoras y gestoras de servicios de estas características, que tienen hasta junio para dar forma a sus propuestas y participar en el que puede ser un proyecto emblemático para la comunidad universitaria de Melilla.
