LA formalización de la expulsión de Ciudadanos del presidente Eduardo de Castro no representa un problema para él sino para los socialistas y para el Pacto Antitransfuguismo del que se desmarcó el Partido Popular tras la fallida moción de censura en Murcia.
De Castro ha explicado que su situación sigue siendo exactamente la misma que cuando formó Gobierno en Melilla en 2019. Él asumió la Presidencia de la Ciudad sin la bendición de Ciudadanos, entonces presidido por Albert Rivera, y esa bendición no la recuperó en tiempos de Inés Arrimadas porque él apostó en las primarias por la candidatura de Francisco Iceta. Creyó que éste podía ofrecer una vía de resurrección más corta para el partido. Lo apoyó porque estaba convencido de que sus diferencias con el oficialismo eran irreconciliables. Era incómodo y siguió siéndolo. ¿Podemos decir que ni ganó ni perdió? No. Evidentemente algo ha cambiado. Ya no representa al partido por el que consiguió su escaño en la Asamblea. Todo lo demás sigue igual.
No vamos a defender en este artículo el carisma de De Castro. No lo tiene ni lo ha tenido nunca, pero nadie podrá quitarle jamás el mérito de haberse convertido en el hombre que echó a Imbroda del Gobierno, al menos durante cuatro años. Él pudo elegir otra cosa, pero optó por el cambio que había prometido Ciudadanos.
En el Gobierno de Melilla, Eduardo de Castro ha hecho lo que le han dejado hacer. Gobernar con mayoría absoluta es difícil. Imagínense hacerlo en un tripartito en el que sólo tienes tu apoyo y el de tu soledad parlamentaria.
Ciudadanos ha optado por la tolerancia cero con la corrupción. En cuanto gobiernen estoy segura de que cambiarán. No porque no vayan de frente sino porque el día que se enfrenten de verdad al juego sucio de la judicialización de la política entenderán que es insensato servir la cabeza de los tuyos en bandeja de plata a quienes no respetan las reglas de la democracia porque entienden la política como una agencia de quítate tú para ponerme yo.
Desde el principio de la legislatura Eduardo de Castro está en el grupo mixto. Hoy sigue siendo lo que era y está donde estaba, pero ya no milita en Cs. Está expulsado de su partido y él ha denunciado la jugada en los tribunales. Esto seguramente irá largo y entre pitos y flautas pasarán los dos años que quedan de legislatura.
Un argumento similar al que ahora defiende De Castro se esgrimió desde la Vicepresidencia de Murcia, cuya titular fue expulsada de Cs por seguir apoyando al PP como venía haciendo hasta la moción de censura de marzo pasado. Los de Inés Arrimadas acordaron gobernar con los de Pedro Sánchez y no contaban en su futuro organigrama de Gobierno con la vicepresidenta. Ella no se movió de donde estaba. Mantuvo su cargo y su acción reventó el partido en la Región de Murcia, provocó un tsunami en Madrid y como daño colateral consiguió la defenestración de dos primeros espadas del partido: Carlos Cuadrado y José María Espejo.
Lo único que hizo fue mantenerse en lo que le encomendaron que hiciera tras las elecciones de 2019. No cambió ni de puesto ni de categoría, pero aún así, desde el PSOE no sólo la consideran una tránsfuga sino que, además, han construido una doctrina en torno al “caso de Murcia”.
Pues bien, ahora los socialistas están contra la pared en Melilla. Tienen que elegir entre esa doctrina o seguir en el poder. Este 2 de junio el PSOE aplaudió en Madrid la decisión de la comisión de expertos independientes que concluyó que en Murcia hubo transfuguismo.
Esa comisión, de la que el PP recusó a la expareja de la ministra María Jesús Montero por ser militante de IU, fue designada por la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estabilidad Institucional en el Congreso de los Diputados. Pues bien, ahora tendrán que convocarla de nuevo porque evidentemente el caso de Eduardo De Castro plantea dudas razonables. El PP de Melilla lo ve tan claro como en Murcia lo vio el PSOE.
Fíjense, para argumentar que en Murcia no hubo transfuguismo, el PP de Casado presentó una alegación en la que defendió que no existe transfuguismo “si los cargos públicos se mantienen fieles a los acuerdos de gobierno suscritos”, pero los expertos contestaron que de ser así, los representantes electos se convierten en meros comisarios políticos de los partidos por los que se presentan a la elecciones.
Ahora los de Imbroda, para variar, van en contra de los criterios de la dirección nacional del partido y obviamente piden la cabeza de De Castro. En esto pasa como con el tema del agua. El PP de Murcia, Valencia y Almería defiende el trasvase y el de Castilla La Mancha les hace un corte de manga.
Pero ojo, es legítimo que los populares de Melilla enarbolen la bandera del Pacto Antitrasfuguismo para echar a De Castro. No se lo pudieron cargar convenciendo al PSOE de presentar una moción de censura, pero ahora es el PSOE el que está contra la pared. Que Imbroda tenga a mano el teléfono, que en cualquier momento lo llaman.
