Si un inmigrante no acude a la oficina de asilo de Beni Enzar y opta por saltar la valla, será evidente que no busca protección.
Ésa fue la argumentación que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ofreció a los periodistas que cubrían en Barcelona su participación en unas jornadas sobre trata de personas. Ese escenario, la Ciudad Condal, fue perfecto para que ninguno de esos informadores, desconocedores de las circunstancias de la inmigración en nuestra ciudad, le preguntara al ministro cómo ha previsto que lleguen hasta esas dependencias los subsaharianos. A efectos prácticos, el acceso a la oficina de asilo en Beni Enzar es tan inaccesible para esos inmigrantes como si el ministro hubiera decidido instalarla en el Tibidabo, el pico más alto de la sierra de Collserola, en el municipio de Barcelona. Pero los periodistas catalanes no lo saben y por eso el ministro pudo ahorrarse ayer complicadas explicaciones.
Tampoco ninguno de esos informadores cayó en la cuenta de preguntar por qué la instalación de esas oficinas en los pasos fronterizos de Melilla y Ceuta va a ir incluida en una enmienda que el PP presentará en el Senado a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana para reformar a su vez la Ley de Extranjería. ¿Será necesario un nuevo cambio legislativo si, por ejemplo, el Gobierno decide acometer alguna mejora en las instalaciones que aún queden en el paso fronterizo entre Gerona y Francia? Pues según lo manifestado ayer por el ministro, así tendrá que ser.
Y finalmente, tampoco explicó Fernández Díaz por qué ahora sí está dispuesto a encargar a expertos de su ministerio la elaboración de un protocolo de actuación para los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil destinados en los puestos fronterizos de Melilla y Ceuta. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se ha desgañitado durante años solicitando un documento de ese tipo. En ese tiempo ha recibido continúas negativas desde el coronel Ambrosio Martín Villaseñor hasta el delegado del Gobierno o el propio ministro de Interior, el mismo que ahora, sorpresivamente, dice que ‘sí’ sin aclarar por qué ha decidido desistir de su anterior defensa férrea del ‘no’.
Tampoco son muy dados a las explicaciones nuestros vecinos marroquíes. Ayer nos enteramos, entre otras cosas, de que sus Fuerzas de Seguridad desmantelaron el año pasado un total de 105 redes de trata de personas, unos desconocidos éxitos policiales que, sin duda, serían del agrado de nuestro ministro del Interior, que poco antes hablaba de ese mismo tema en Barcelona. Probablemente tampoco desagradó a Fernández Díaz la insinuación que hizo ayer Marruecos de que está dispuesto a retomar las expulsiones de inmigrantes ilegales hacia la frontera de Argelia, una práctica habitual hasta 2013 y que el año pasado quedó casi totalmente interrumpida. ¿Qué les ha llevado a cambiar de opinión a nuestros vecinos? La regulación que ha habido en su territorio de 18.000 inmigrantes les lleva a deducir que el resto inmigrantes que no se ha sometido a ese proceso, si no quiere quedarse en su país, es porque desea continuar viaje hacia España. En consecuencia, para defender sus fronteras, prevé expulsarlos a todos ellos según los vayan detectando sus Fuerzas de Seguridad. Además, por si queda alguna duda, destruirán los campamentos de inmigrantes instalados en el monte Gurugú y en las cercanías de Ceuta. De este modo, si antes ya era difícil para un subsahariano llegar a la oficina de asilo de Beni Enzar, con estas medidas que prevé poner en práctica Marruecos, la inversión que anunció ayer el ministro en esas nuevas instalaciones se convierte en un derroche sin sentido, al menos, si estaba previsto que fueran utilizadas por los negros. Otra cosa es que Fernández Díaz esté pensando en los sirios cuando habla de la nueva oficina de asilo, que en esto de la inmigración también parece que hay clases.
