Desde el Servicio Jesuita a Migrantes han mostrado su precoupación por las personas migrantes que por el estado de alarma, su situación administrativa en el país se puede haber visto afectada, por ello han propuesto al Gobierno una decálogo de diez medidas.
En Melilla, Josep Buades, el coordinador del sector de Frontera Sur, explicó que tiene la peculiaridad de que hay muchas personas que no están empadronadas y que por esa razón, tienen la imposibilidad de realizar cualquier trámite para mejorar su situación administrativa.
Y es que hay numerosos migrantes que tenían un permiso temporal de trabajo y si se les alarga el paro pueden perderlo u otros que estaban a punto de regularizar su situación y el proceso se ha visto parado. Buades expresó que facilitar la situación de los migrantes es una cuestión de voluntad política, pues se puede ampliar la actual ley de una forma amplia.
Así pues, en la primera medida que proponen exponen que “como medida más urgente, que el Ministerio del Interior dicte una instrucción, pública, a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para no incoar procedimiento sancionador alguno por infracción de la Ley de Extranjería basado en estancia irregular, al menos hasta la finalización del plan de transición de la nueva normalidad anunciado por el Gobierno. De esta forma, las personas migrantes en situación irregular podrían salir a la calle sin miedo a ser detenidas”.
También piden que se conceda de manera acelerada todas las solicitudes de autorizaciones iniciales de residencia que no sean manifiestamente infundadas, así como las renovaciones de autorizaciones de residencia, que estén pendientes de tramitar y dictar un protocolo claro de retorno a España para todos aquellos extranjeros residentes legales que quedaron atrapados fuera de España al decretarse el estado de alarma o que salieron del país siguiendo las recomendaciones de los servicios consulares de su país de origen.
Respecto a este último punto, actualmente hay más de 500 marroquíes que se quedaron atrapados tras el cierre de fronteras en Melilla.
Otro punto es que para con el objetivo de evitar irregularidades sobrevenidas, flexibilizar, durante un período transitorio amplio no menor a 12 meses, los criterios del artículo 71 del Reglamento de Extranjería para la concesión de renovaciones de autorizaciones de residencia y trabajo. Rebajando los criterios de períodos mínimos de cotización y manteniendo un criterio flexible respecto a la necesidad de un contrato de trabajo en vigor.
Otro punto que piden es conceder de manera prioritaria y preferente las autorizaciones de residencia por razones humanitarias, aplicando de manera flexible el artículo 126.3 del Reglamento de Extranjería para otorgar este tipo de autorizaciones a aquellos extranjeros que no puedan volver a su país a tramitar el visado correspondiente debido a las circunstancias que vivimos.
