Sigue en prisión el presunto yihadista detenido en Melilla en marzo

La Audiencia Nacional rechaza los argumentos del acusado, quien alegó fines didácticos y arraigo familiar, y considera que existen indicios suficientes para prolongar su reclusión provisional

La Audiencia Nacional ha acordado mantener en prisión provisional al hombre detenido en marzo en Melilla por su presunta implicación en delitos de terrorismo yihadista. Según el auto judicial, al que tuvo acceso la agencia EFE, el investigado fue arrestado por difundir vídeos de contenido violento y humillante vinculados al grupo terrorista Dáesh, lo que despertó la sospecha de los investigadores sobre una posible actuación delictiva más allá del mero consumo de material propagandístico.

La medida fue adoptada en su momento por el juez Francisco de Jorge el 14 de marzo, fecha en la que el sospechoso ingresó en prisión provisional. En su recurso ante la Sala de lo Penal, el detenido solicitó la excarcelación y la sustitución de la medida por otras cautelares menos gravosas, como la prohibición de abandonar el territorio nacional o la implantación de un sistema de vigilancia telemática.

El hombre, español nacido en Palma de Mallorca pero residente en Melilla, argumentó contar con un fuerte arraigo familiar y laboral en la ciudad, donde vive con su familia y trabaja en la empresa pública de limpieza. Asimismo, alegó que no tiene vínculos con Marruecos, país con el que Melilla comparte frontera, ni dominio del idioma, por lo que consideró inviable cualquier intento de fuga.

En su defensa, también justificó el consumo y la difusión de los vídeos como una actividad con propósitos “meramente didácticos”. No obstante, la Audiencia Nacional ha desestimado este argumento y considera que existen “graves indicios” de una posible actividad criminal. Los jueces sostienen que el contenido y las circunstancias de los vídeos no permiten sostener que su finalidad sea pedagógica, y recalcan que “persisten las investigaciones” sobre sus posibles vínculos con entornos radicalizados o actividades de autocapacitación y enaltecimiento del terrorismo.

El tribunal entiende que el riesgo de fuga sigue siendo plausible, pese a los factores de arraigo presentados, y que la libertad del investigado podría poner en peligro el desarrollo del procedimiento judicial. “No se pueden aceptar sus promesas de permanecer a disposición de los órganos judiciales en caso de que se acuerde su libertad”, señalan los magistrados en el auto.

Esta detención se enmarca en un contexto más amplio de actuaciones policiales contra el terrorismo yihadista en Melilla. El arrestado es el sexto en esta ciudad autónoma en un periodo de poco más de cuatro meses. En ese tiempo, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo al menos cuatro operaciones distintas relacionadas con actividades vinculadas al extremismo islámico, lo que refleja una creciente preocupación por la presencia de elementos radicalizados en este territorio.

Melilla, por su condición de frontera sur de Europa y puerta entre continentes, ha sido históricamente un punto estratégico tanto para redes de inmigración como, más recientemente, para grupos o individuos vinculados al terrorismo de corte yihadista. La actividad policial en la ciudad ha aumentado en los últimos años, con una mayor colaboración entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y los servicios de inteligencia.

La lucha contra el terrorismo yihadista es una de las prioridades del Ministerio del Interior y de la Audiencia Nacional, que centraliza las investigaciones más delicadas y de mayor alcance. En este caso, los delitos que se le imputan al detenido —enaltecimiento del terrorismo y autocapacitación— están recogidos en el Código Penal y pueden conllevar penas de hasta cinco años de prisión.

La instrucción del caso continúa abierta y no se descartan nuevas diligencias para determinar el alcance real de la actividad delictiva del detenido. Mientras tanto, permanecerá en prisión provisional, tal como han ratificado los jueces, que consideran que la medida es proporcional y necesaria para garantizar la eficacia del proceso penal en curso.

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