La Policía Local y Nacional y la Guardia Civil han identificado a medio centenar de inmigrantes en lo que va de semana, según la consejera Garbín, en el puerto y alrededores.
El dispositivo coordinado entre la Policía Local, Policía Nacional y la Guardia Civil volvió en la mañana de ayer a intervenir en las escolleras del puerto comercial de Melilla, donde localizaron a 21 inmigrantes, de los que seis eran menores de edad, según informó el delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani. Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Mª Antonia Garbín, destacó que en lo que va de semana se han identificado a cerca de medio centenar de inmigrantes, de los que sólo cinco eran menores de edad y se encuentran ya en el centro de acogida de La Purísima.
A primera hora de la mañana, un dispositivo de agentes localizó a 21 inmigrantes, en su mayoría de nacionalidad marroquí, aunque también había argelinos, según explicó El Barkani. Estas personas, entre las que habitualmente también se encuentran menores de edad, se ocultan en las inmediaciones del puerto y en las mismas instalaciones portuarias esperando su oportunidad de ‘colarse’ como polizones en los barcos que enlazan Melilla con la península. Por ello, las intervenciones de las autoridades policiales de la ciudad se realizan regularmente a fin de identificar igualmente a menores extranjeros no acompañados (menas) tutelados por la Ciudad Autónoma. Según el delegado del Gobierno, este operativo es “rutinario” para evitar que los menas deambulen por la calle.
De los 21 inmigrantes localizados, 15 son adultos, tres de los cuales tenían una resolución de expulsión del territorio español dictada por la Delegación del Gobierno y a un cuarto le constaba una resolución judicial pendiente. Los once adultos restantes quedaron en libertad, según El Barkani, quien precisó que los menas fueron puestos a disposición de la Consejería de Bienestar Social, competente en materia de menores.
Cada vez menos menores
El Barkani valoró el esfuerzo que está realizando la Policía Local, Policía Nacional y la Guardia Civil para que los menas, que se encuentran bajo la tutela de la Ciudad Autónoma, estén en el centro de acogida y no en las calles. El delegado del Gobierno destacó el “intenso” trabajo de coordinación y cooperación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, que los ciudadanos deben conocer.
En los mismos términos se expresó ayer la consejera de Bienestar Social, quien destacó que en lo que va de semana estas intervenciones han permitido localizar a medio centenar de inmigrantes.
Como ya indicó el pasado viernes en el Pleno de control, Garbín informó que cada vez son menos los menores que se localizan en las escolleras del puerto, gracias a este dispositivo especial coordinado entre la Guardia Civil, la Policía Nacional y Local, la Delegación del Gobierno, la Consejería de Bienestar Social y la Fiscalía de Menores. De hecho, desde que este dispositivo se puso en marcha, de las personas identificadas el 75% son adultos y no menores. En este sentido, la consejera informó de que en el centro de La Purísima están acogido actualmente un total de 165 menores y destacó que la ocupación se mantiene “estable”.
Sólo el 10% de los subsaharianos que dice ser menor, lo es
La mayoría de los inmigrantes que entran en Melilla y dicen ser menores de 18 años no lo es, destacó ayer la consejera de Bienestar Social, Mª Antonia Garbín. En el caso de los menores de origen marroquí, el 75% son adultos, mientras que el porcentaje aumenta hasta el 90% en el caso de los de origen subsahariano. Por tanto, sólo en un 10% de las situaciones se confirma que la persona es realmente menor, como dice ser. Como ejemplo, la consejera aludió a que, en la última entrada masiva registrada el pasado día 28, sólo 12 de los casi 500 subsaharianos que accedieron a la ciudad autónoma eran menores de edad. El protocolo establece que, cuando la Policía detecta a un posible menor no acompañado, se le envía al centro de La Purísima. A partir de ahí, el menor es sometido a la prueba oseométrica, que ordena la Fiscalía mediante un decreto, de acuerdo a un protocolo que se puso en marcha en 2005. “No es algo que nosotros decidamos. Está protocolarizado”, aseveró Garbín, quien insistió en que la Ciudad actúa de acuerdo al decreto de la Fiscalía, una vez que el forense determina la edad.
