LA Consejería de Seguridad Ciudadana no ha considerado necesario que un retén de Bomberos esté presente en el Pueblo durante la celebración del Mercado Medieval este fin de semana.
Es lógico pensar que tanto el consejero Javier Calderón como el director general de Seguridad, Gregorio Castillo, cuentan con los informes necesarios que justifican su decisión. Si el evento se desarrolla con normalidad, como todo el mundo desea, no será necesario que muestren esos documentos a nadie. En cambio, si por desgracia ocurre en Melilla La Vieja algún suceso relacionado con el fuego o en el que sea precisa una rápida intervención de los Bomberos, sin duda tendrán que echar mano de esos informes para justificar su decisión, sobre todo si se producen daños personales.
En opinión de Calderón y Castillo, para garantizar ese aspecto de la seguridad es suficiente con la presencia del equipo de voluntarios de Protección Civil y un sistema de extintores. No lo ven así el sindicato CSIF, la Asociación de Bomberos Profesionales de Melilla ni el responsable del diseño del plano de información general del Mercado Medieval 2015, que sitúa unos inexistentes bomberos frente a la Casa del Reloj. Los primeros señalan que la ausencia de los bomberos no puede justificarse por motivos económicos, ya que el refuerzo en el Pueblo sólo es cuestión de planificación.
Tampoco deben ser excusa las dificultades económicas para poner fin a los peligrosos saltos que cada verano realizan a diario jóvenes que se arrojan al mar desde las rocas de la Ensenada de los Galápagos. Socorristas que se encargan de la seguridad en esta playa explicaron ayer a El Faro que las funciones que tienen encomendadas y los medios de que disponen no les permiten más que advertir a los jóvenes del riesgo que corren cada vez que se lanzan al vacío. Se trata de una práctica que se repite año tras año, que nadie puede decir que le sea desconocida. Por lo tanto, los responsables de la seguridad en nuestras playas deberían haber tomado ya las medidas necesarias para hacer efectiva su prohibición o haber dispuesto los medios suficientes para garantizar que los jóvenes que realizan estos saltos lo hacen con la máxima seguridad.
En cualquier caso, si en el Pueblo o en la Ensenada de los Galápagos ocurre alguna desgracia, los encargados de garantizar la seguridad no podrán alegar desconocimiento. Si cuentan con los informes correspondientes, podrán justificar sus decisiones en los consejos de los técnicos. Sin embargo, no hay que olvidar que éstos, los técnicos, sólo aconsejan y que quien tiene la última palabra a la hora de establecer los niveles de prevención que se adoptan en cada momento son los responsables políticos, quienes deberían ser siempre más cautos que los propios expertos acordando unas medidas de prevención siempre superiores al mínimo recomendable.
